La Cámara Federal porteña rechazó un pedido de nulidad presentado por el ex encargado del Banco de Drogas del Ministerio de Salud Roberto Loiácono, imputado en la causa por la "mafia de los medicamentos", quien había cuestionado una serie de allanamientos realizados durante la investigación.
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La Sala II de la Cámara desestimó un recurso presentado por la defensa del ex funcionario, Eduardo Barcesat, quien cuestionó los allanamientos realizados el pasado 26 de noviembre en su domicilio particular y en su consultorio, de donde se incautó discos rígidos y teléfonos celulares.
Según la defensa del ex funcionario, quien actualmente está cumpliendo prisión preventiva, los allanamientos que había ordenado el juez Norberto Oyarbide "estaban viciados por haberse afectado sustanciales garantías constitucionales".
No obstante, para la Cámara, con la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, los allanamientos estuvieron bien fundados "en base a la valoración conjunta de la prueba incorporada a la investigación".
Además, los jueces consideraron que el planteo del ex funcionario, más que a cuestionar los allanamientos, "está dirigido a controvertir la asunción de competencia por parte de Oyarbide del expediente n° 5138/09 'Loiácono, Roberto A. s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública', para su acumulación por conexidad a la presente causa".
"La decisión mediante la cual se dispone la producción o no de cambios de radicación de causas entre juzgados de un mismo fuero, además de resultar ajena a la sanción aquí pretendida, en principio, no causa gravamen a las partes. Máxime cuando, como en el supuesto de autos, aquella ha sido fundada, y ha sido asumida por un magistrado provisto de jurisdicción y competencia para conocer en un caso determinado", añadieron.
Así concluyeron en que "la garantía de juez natural no se ha visto violentada, sin perjuicio del análisis que corresponda efectuar en torno a la valoración que de los elementos reunidos efectuara el a quo en el auto de mérito dictado en consecuencia".
El ex funcionario, junto con su hijo Fernando Loiácono (titular de "Biodrugs S.A") están procesados como acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos adulterados, y también por el delito de fraude por la presunta solicitud de subsidios de manera irregular a la Administración de Programas Especiales (APE).
Ambos, están detenidos desde el pasado 4 de enero luego de presentarse espontáneamente ante el magistrado, tras pesar sobre ellos un pedido de captura.
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