El vicecanciller Eduardo Zuaín citó al embajador británico, John Freeman, a fin de transmitir el rechazo del Gobierno a la nota de protesta del Reino Unido por la ley que pena la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.
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El gobierno argentino cuestionó que en esa nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico entregó al Encargado de Negocios argentino en Londres, "la parte británica alega pretendidos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
"Si bien las leyes a que se refiere dicha nota no mencionan en su texto específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su nota el Gobierno británico reconoce que esa ley se aplica a los espacios marítimos circundantes a esos archipiélagos, y no podría ser de otro modo, ya que son parte integral del territorio argentino", indicó la nota formal del Gobierno argentino difundida por la Cancillería.
El Vicecanciller concluyó la reunión transmitiendo una vez más la "disposición" del gobierno argentino a "reanudar negociaciones bilaterales a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía" referida a la Cuestión de las Islas Malvinas, "de conformidad con los múltiples pronunciamientos de las Naciones Unidas y demás organismos y foros internacionales".
La ley en cuestión establece sanciones penales para cualquier persona física o jurídica que tenga participación directa o indirecta en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, así como su transporte o almacenamiento, que no hubieran sido autorizadas por la autoridad competente.
Propone sentencias de hasta 15 años en prisión, fianzas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de individuos y compañías operando en Argentina y la confiscación de equipo y cualquier hidrocarburo que pudiera haber sido extraído de manera ilegal.
La nota del Gobierno argentino subrayó al respecto que los jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados "han reconocido el derecho que asiste a la Argentina para adoptar las acciones legales implementadas en el ámbito de su legislación contra las actividades de exploración y explotación no autorizadas de hidrocarburos en el área en controversia".
Y recordó que en el mismo sentido se manifestaron el pasado 29 de noviembre los ministros de Energía de los Estados Miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), quienes además, "tomaron conocimiento de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación respecto de las empresas involucradas en dicho accionar ilícito".
"La pretensión del Reino Unido de autorizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área bajo disputa de soberanía se halla, además, en violación de la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales reflejada en el artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó el Gobierno.
Y agregó que "la invocación por parte del Reino Unido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en nada altera las consideraciones precedentes", ya que "el derecho a proyectar espacios marítimos desde el territorio sólo puede ser ejercido cuando la posesión de tal territorio es lícita, circunstancia que no se presenta para el Reino Unido en relación con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".
La Cancillería reiteró finalmente que "el principio de libre determinación de los pueblos, que -subrayó- es el único elemento en el que el Reino Unido pretende basar su posición en relación con las Islas Malvinas, resulta totalmente improcedente e inaplicable a la controversia sobre la soberanía", por lo que "al invocarlo con el propósito de continuar una situación colonial, se intenta desnaturalizar ese principio, violentando los fines para los cuales fue concebido".
"La realización de una votación entre los ciudadanos británicos que residen en las Islas Malvinas que se menciona en la nota de referencia en nada altera aspecto alguno de la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas, la cual continúa irresuelta como consecuencia del reiterado rechazo del Gobierno británico a cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la controversia que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de negociaciones", indicó.
Este lunes, el gobierno británico había protestado formalmente ante la Embajada Argentina en Londres por esa ley y acusó a la Casa Rosada de querer "estrangular" a la economía del archipiélago.
"La ley argentina no se aplica para las Falkland Islands (Islas Malvinas), por lo tanto este es un gesto sin ninguna base para amedrentar a quienes llevan adelante una actividad comercial legítima", había enfatizado en la nota de protesta la directora para las Américas de la Cancillería británica, Kate Smith.
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