El Senado se prepara para reanudar el debate en comisión del proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Uno de los puntos de esa iniciativa, que fue defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a modificar el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales sancionado en 2011. La letra chica del texto puso en alerta a la oposición. Los bloques dialoguistas también tienen sus reparos.
20 de abril 2026 - 13:56
Proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: dialoguistas y opositores alertan sobre los cambios a la ley de Tierras
Javier Milei vuelve a tener en la mira a la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que busca limitar la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros, para preservar la soberanía sobre recursos naturales. Ahora, busca cambiar el enfoque de la normativa vigente, pero la oposición alerta sobre una excepcionalidad que altera el texto.
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El Gobierno tiene otra vez en la mira a la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que busca limitar la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, a fin de preservar la soberanía sobre los recursos naturales.
La primera vez fue en el decreto 70/23 firmado por Milei a los pocos días de asumir como Presidente. En aquella instancia, la Casa Rosada intentó derogar esta y otras leyes. Finalmente, esta derogación quedó suspendida por una medida cautelar. Ahora, el oficialismo busca modificar la letra chica a través de la ley que el Senado debate por estos días en comisión.
¿Qué dice la ley actual de tierras?
A grandes rasgos, la ley sancionada en 2011 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, la ley pone límite por nacionalidad. Especifica que, de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% (es decir, el 4,5% del total de un territorio).
Además, la normativa indica que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1000 hectáreas en la "zona núcleo" o su equivalente en otras regiones.
Y, por último, la ley prohíbe la venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes y de importancia (ríos, lagos, glaciares) o que se encuentren en zonas de seguridad de frontera.
En diálogo con este medio, desde el ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger defendieron la iniciativa. Señalaron que “la Constitución establece la igualdad de derechos y es la base del proyecto liberal de Argentina para que pueblen los inmigrantes”.
Además, alertaron que “si se limitan las facultades de la propiedad (a quién se le puede vender), la propiedad vale menos, y se traban inversiones”.
¿Qué propone el proyecto del Gobierno?
En los fundamentos del proyecto libertario, se cuestiona la normativa vigente al señalar que “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”.
Bajo esta premisa es que el gobierno de Milei cambia “el enfoque” y apunta a concentrar “los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos”.
“De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”, reza el proyecto oficialista.
Ahora bien, el artículo 4 del proyecto alertó a la oposición. Desde el peronismo señalaron, en diálogo con este medio que, tal cual está redactado, “altera todo el proyecto”. Es que, si bien el texto prohibe la titularidad de dominio o posesión de tierras a entes gubernamentales extranjeros, se agrega la siguiente aclaración: “Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que la operación no constituya un riesgo para la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”.
Esta “excepcionalidad” quedará en manos del organismo de aplicación. Es por esto que desde la oposición ponen la mira en este ítem y plantean que, de mínima, esa excepcionalidad debería pasar por el Congreso.
Senado: los pasos a seguir
Las intenciones del oficialismo desean llevar el proyecto al recinto el miércoles 29, junto con el pliego del juez de Casación Carlos Mahiques, que fue ratificado en su cargo por cinco años más la semana pasada en comisión, junto con la iniciativa impulsada por la radical Carolina Losada, que busca agravar las penas en casos de falsas denuncias.
Pero, para someterlo a votación en el recinto, el oficialismo deberá reunir las firmas en comisión. Y, si bien es cierto que los bloques “dialoguistas” vienen acompañando a Patricia Bullrich en las votaciones, ya expresaron algunos reparos en torno a este proyecto.
Las miradas están puestas, sobre todo, en el capítulo de la ley de Tierras, así como también en el que busca modificar la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El desafío que tiene el Gobierno, con Bullrich a la cabeza, es encontrar una redacción intermedia que contente a los dialoguistas pero que, al mismo tiempo, no atente contra el espíritu de la ley libertaria.
Por lo pronto, al menos al cierre de esta nota, el plenario de comisiones previsto para esta semana seguía sin figurar en la agenda. ¿Será porque se extienden las negociaciones para que el texto llegue a buen puerto?
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