Siguen las repercusiones tras el fallo sin precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que toda la investigación sobre los intercambios de llamados del expresidente Mauricio Macri y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita quede paralizada.
Moreau alertó por un plan para "salvar" a Macri y pidió que Carrió declare por la mesa judicial M
El diputado llamó a apelar la "insólita decisión" de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la investigación sobre los intercambios de llamados del expresidente y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita quede paralizada.
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“Están haciendo una tarea a full para salvar a Macri”, denunció el diputado Leopoldo Moreau, quien llamó a “apelar esa insólita decisión”.
Moreau explicó que “es una irregularidad, porque la Casación interviene exclusivamente sobre sentencias definitivas, no en etapas probatorias”.
“Están en plena actividad para limpiarle todas las causas a Macri, sigue el lawfare y ahora le agregaron la complicidad, para limpiar las causas en las que participaron ellos”, agregó el titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
“Le sacan la causa a Servini porque la investigación estaba llegando al propio Poder Judicial, estaba llegando a ellos mismos”, aseguró en declaraciones a Radio 10.
Al admitirse un recurso de la defensa del exmandatario y -en una decisión completamente inusual- se exigió a la jueza que lleva adelante la causa, María Servini, que le eleve todas las actuaciones originales. No sus copias digitalizadas, sino toda la causa física.
El dato saliente fue que el movimiento ocurrió horas después de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial entregara un informe con el resultado de los entrecruzamientos telefónicos entre Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces, en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles y de lo que fuera el encarcelamiento de sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, eje de la denuncia de maniobras ilegales contra el Grupo Indalo.
La secuencia que también dejó expuesta la jugada de Casación es que abrió un recurso de apelación sobre medidas de prueba solicitadas en la causa por la jueza que las investiga, algo que no sólo no es “apelable” según el Código Procesal, sino que tampoco podría jamás equipararse a una sentencia firme, única materia en la que Casación está habilitada a intervenir.
La jueza Servini, a partir de la denuncia de De Sousa, ordenó en julio pasado entrecruzar los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Torello y otros integrantes de su Gabinete en un espacio temporal amplio. La defensa apeló la medida de prueba (también considerada una situación que no contempla apelación porque se estaría restringiendo la facultad que tiene un juez para recopilar elementos para comprobar un delito) y la acusó de ser excesiva. Entonces, la Cámara Federal le ordenó a la jueza acotar el lapso de su pesquisa y no cruzar llamados durante un período tan amplio. Servini instruyó a la Dajudeco a destruir el primer informe y a realizar otro bajo esa premisa y con días anteriores y posteriores a ciertos hitos de la causa -tanto administrativa como penal- contra Oil, tal como solicitaba la denuncia inicial. Disconforme con esto, Macri ordenó a sus abogados apelar esa decisión ante Casación, que es el máximo tribunal penal, y que en casos análogos, rechaza automáticamente ese tipo de recursos porque no son equiparables a una sentencia, dado que son apenas medidas de prueba. “Pepín” adhirió a su planteo.
La querella recusó a uno de los integrantes del tribunal, Eduardo Riggi. Argumentó que había sido el mismo juez que ordenó que López y De Sousa regresen a prisión cuando fueron excarcelados por la Cámara Federal, que había confirmado sus procesamientos pero modificó la calificación legal y dispuso su libertad, dado que no había avances en la denuncia por supuesta obstrucción de la justicia que había denunciado Julián Ercolini para disponer su primera preventiva. Riggi hizo un voto furibundo en el cual no ahorró calificativos y se apoyó en declaraciones públicas que hizo López apenas recuperó la libertad.
Moreau sostuvo que “lo que están haciendo con el Grupo Indalo es gravísimo. Riggi estuvo en el voto que ordenó el retorno a la cárcel de Fabián De Souza y de Cristóbal López, y escribió el fallo como un patotero, tendría que haberse inhibido de participar en esta causa”.
El legislador dijo además que Elisa Carrió "tiene que ser citada en el expediente que le robaron a Servini para que ratifique o rectifique sus dichos. Esa mesa judicial es clave porque se decidía la muerte civil de las personas".
También mencionó que el accionar de este grupo "funcionaba al margen de la Constitución, de la ley de Ministerios y casi como un tribunal de la Inquisición, donde se decidía a quién procesar, a quién no y a quién extorsionaban con una carpeta armada por la SIDE".
En el resto de las salas de Casación, todavía en “modo feria”, la decisión de Riggi de llevarse el expediente de Indalo en el momento en el que podría conocerse ese informe clave sobre Macri llamó mucho la atención. Nadie descartó que pudiese haber otras comunicaciones comprometedoras. En los períodos analizados se incluyeron los días previos a que con la firma de Riggi se revocara la decisión de la Cámara Federal respecto a Oil, algo que había sulfurado al Poder Ejecutivo, de manera pública. Toda la situación podría ser aún más escandalosa.





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