Revelan que jueces y fiscales visitaban a Macri en la quinta de Olivos

Política

Una prueba más de la acción de la mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos fueron las visitas de jueces y fiscales a la quinta de Olivos para reunirse con el entonces presidente, Mauricio Macri. Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y el fiscal de Casación Raúl Plee visitaron la quinta en varias oportunidades según los registros oficiales.

Las visitas están registradas en la Casa Militar de la quinta presidencial y las excusas para era muchas veces jugar al futbol o al paddle. En los encuentros estaban otros funcionarios de confianza del presidente como Gustavo Arribas entonces titular de la AFI.

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Según los registros, la fecha de la anotación de Nieto en su celular, que fue en noviembre de 2018, ocurrió entre la décima y la undécima reunión de Macri y Borinsky en la quinta de Olivos.

Unas semanas antes, en agosto, Borinsky había rechazado los planteos de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli y Luis D’Elia en la reabierta causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y había confirmado la prisión contra Amado Boudou.

En septiembre Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemianani habían confirmado un embargo contra Julio De Vido por 10.000 millones de pesos en la causa Vialidad, donde se acusó a Cristina y sus funcionarios del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En tanto, Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación, no sólo visitó 6 veces a Macri en la Casa Rosada, sino que aparece dos veces en los registros de ingresos a la quinta de Olivos. Al igual que Borinsky participó de causas de alta impacto político.

Sobre el camarista ya pesa una investigación del Consejo de la Magistratura por sus visitas a Casa Rosada que coincidían con la salida de fallos contra la actual vicepresidenta y exfuncionarios kirchneristas,

El fiscal de Casación Raúl Pleé se reunió en la quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018 con Mauricio Macri y Gustavo Arribas. El funcionario judicial intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro, Cuadernos, el desguace del Grupo Indalo y la investigación por espionaje ilegal donde está procesado el fiscal Carlos Stornelli.

Poco después de la reunión, Pleé pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo y al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención. Uno de los que firmó ese fallo fue el juez Gustavo Hornos.

Las reuniones de Macri con Hornos y Borinsky muestran la estrecha relación entre su gobierno y un sector de la Justicia, especialmente en expedientes que involucraban al peronismo por entonces opositor.

Mientras Borinsky jugaba al paddel con Macri, al mismo tiempo definía causas contra Cristina, lo cual cuanto menos implica un vicio de ética. Y ahora, tanto ese juez como Hornos tienen en sus manos causas contra el expresidente, con lo cual la cercana relación siembra dudas sobre la necesaria imparcialidad que deben tener los jueces.

Cabe recordar lo ocurrido hace poco más de 5 años, cuando se denunció falsamente que el juez Sebastián Casanello había concurrido a la Quinta de Olivos para mantener un encuentro privado con la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, el macrismo opositor junto con medios y periodistas afines agitaron la acusación que finalmente resultó ser parte de una maniobra falsa.

En noviembre pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó a tres años de prisión condicional a los dos testigos falsos que dijeron haber visto al juez Casanello a finales de 2015, luego de que admitieran que mintieron y firmaran un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía.

Los condenados fue Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, quienes admitieron haber cometido el delito de "falso testimonio". Corizzo era empleado de ANSES y Scozzino era chofer de la Presidencia cuando en 2016 declararon ante la justicia que, en una visita a la quinta de Olivos, habían visto al juez Casanello, durante la presidencia de Cristina Krichner y en pleno trámite de la causa por supuesto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.

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