La condena por el caso de facilitación de prostitución de mujeres fue dictada en junio de 2019, pero efectivizada recién el mes pasado. Este martes, fue trasladado a Comodoro Py para ser sometido a indagatoria en el marco de la causa ANDIS.
Miguel Ángel Calvete fue citado a indagatoria por la causa ANDIS.
Al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, Miguel Angel Calvete conformó una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les “permitían” vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas.
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Por ese delito fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, que está cumpliendo a disposición de un tribunal oral.
La condena del Tribunal Oral 8 fue dictada en junio de 2019, pero la prisión fue efectivizada recién el mes pasado, cuando era allanado e imputado en la causa por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Hoy Calvete fue trasladado detenido a los tribunales de Comodoro Py para ser sometido a la indagatoria dispuesta por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la causa ANDIS.
Calvete fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión junto a otros acusados por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Los otros condenados son Ramiro Martin Rius, que había sido empleado del Consejo de la Magistratura de CABA y el hermano de Calvete, Alejandro Calvete.
Calvete fue citado a indagatoria en el marco de la causa ANDIS.
Además, el tribunal ordenó en su momento el decomiso de dos inmuebles utilizados como lugar de explotación y la prohibición de salida del país de los condenados.
Para el tribunal quedó comprobado que, al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, los imputados conformaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les “permitían” vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas.
En el caso se demostró que para uno de los departamentos implicados las condiciones del contrato de locación preveían aumentos mensuales que anualizados ascendían al 180 por ciento del monto locativo original.
Junto con ello, una cláusula específica preveía un 10 % mensual de comisión inmobiliaria. En cuanto al otro inmueble, quedó acreditado que había sido adquirido a través de un fideicomiso en el cual figuraba como beneficiaria la ex esposa de uno de los acusados.
Una tercera vivienda figuraba a nombre de la sociedad “Sullfox Trade SA”, de la cual Miguel Angel Calvete era representante legal.
La fiscalía valoró en su momento las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, de las cuales surgían inequívocas referencias a la explotación sexual, al pago de diversos montos de dinero y al control que los imputados ejercían sobre la actividad de las mujeres en situación de prostitución.
“La actividad delictiva que desplegaban consistía, en definitiva, en aprovechar el estado de vulnerabilidad de quienes se prostituían exigiéndoles pagos exhorbitantes para el uso de los distintos inmuebles familiares que poseían los Calvete y de otros alquilados, que eran ocupados no por una, sino por varias mujeres que debían hacer frente a esos pagos”, aseguró la fiscal en su exposición.
Calvete se beneficiaba con los pagos onerosos que exigía a las mujeres
“De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas para ellas, porque les exigían prestaciones mucho más onerosas que las que se exigían para alquileres comunes”.
La fiscal María Luz Castany resaltó que esa cuestión “quedó demostrada no sólo en las escuchas telefónicas sino también en las condiciones contractuales”
Diversas pruebas acreditaron la explotación económica de la actividad que se desarrollaba en esos inmuebles, “con el agravante de que los imputados abusaban de la situación de vulnerabilidad”, añadió.
Además, Castany mencionó la declaración de una de las víctimas en el debate, que aseguró que Rius pasaba a cobrarle el dinero del lugar que ella alquilaba.
También relató que las condiciones de alquiler se basaban en que ella no tenía un recibo de sueldo para acreditar ingresos ni garantía, de modo que acordó con ese imputado que le cobrara más de lo normal por el alquiler. En cuanto a la periodicidad de los pagos, dijo que Rius pasaba a cobrarle 2500 o 3000 pesos por semana.
“Los acusados actuaron como verdaderos organizadores de la actividad delictiva, que consistió en la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, deparándoles ingentes ganancias”.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la División Trata de Prefectura Naval Argentina.
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