Causa Seguros: confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara de Apelaciones ratificó la decisión del juez Sebastián Casanello. El expresidente se encamina al juicio oral.

Alberto Fernández

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y le dictó un embargo por más de $14 mil millones por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Seguros, que, de esta manera, se encamina a juicio oral.

El fallo, con firmas de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun y la disidencia de Eduardo Farah, ratificó la decisión de la instancia previa respecto a las presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de la compañía pública Nación Seguros.

La ratificación del procesamiento también abarca al bróker Héctor Martínez Sosa, sindicado como el intermediador en la operatoria y marido de la secretaria privada del exmandatario nacional, María Cantero, quien también recibió un revés de la Justicia.

De esta manera, el expresidente entre 2019 y 2023 fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $14.634.220.283. Además se confirmó la prohibición de salida del país.

Asimismo, se resolvió la ratificación del procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y se le trabó un embargo por $27 mil millones.

También se confirmó el procesamiento de exintegrantes del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria, entre otros involucrados.

La causa Seguros

Inicialmente el procesamiento fue dictado por el juez Sebastián Casanello. Entre las pruebas fundamentales que se incorporaron a la causa se destaca un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Presentado en mayo, el documento, de 662 páginas, revela que el expresidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. La última, el 4 de diciembre de aquel año, días antes de asumir la Presidencia de la Nación.

La defensa de Fernández y de Martínez Sosa aseguran que la facturación estaba relacionada a un servicio que le brindaba el exmandatario al broker de seguros, que consistía en realizar un informe sobre la coyuntura política y económica del país, todo esto mientras se encontraba fuera de la función pública. El exmandatario también tenía como clientes a dos sindicatos y a empresas.

Inicialmente, la causa recayó en el juzgado que en aquel entonces estaba bajo la tutela de Julián Ercolini. En febrero, vencida la subrogancia y luego de haber culminado la etapa de indagatorias, cuando el magistrado se disponía a definir si procesaba o no a los imputados, el juzgado pasó a manos de Casanello.

Desde aquel momento, el magistrado decidió revisar el expediente y solicitó nuevas medidas de prueba. Además, profundizó la investigación para recabar nueva información. En ese marco, el expresidente se presentó la semana pasada para ampliar su indagatoria, dado que la primera vez que brindó testimonio había sido en noviembre del año pasado, ante el juez Julián Ercolini, recusado por su defensa.