16 de enero 2021 - 18:35

Organizaciones sociales y políticas marcharon a Tribunales para pedir la libertad de Milagro Sala

Las columnas de militantes se concentraron en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio y se movilizaron hacia el Palacio de Justicia a donde arrojaron bolsas de residuos bajo la consigna "basurero de la democracia".

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Organizaciones políticas y sociales, junto a sindicatos y agrupaciones de Derechos Humanos, se concentraron sobre la avenida 9 de julio y marcharon hacia el Palacio de Tribunales, donde reclamaron la libertad de la dirigente jujeña Milagro Sala.

La movilización hacia la Plaza Libertad y el edificio de Talcahuano 550, en cuyo 4º piso se encuentran los despachos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, se realizó bajo la consigna: "La Corte es el basurero de la democracia". Al llegar, los manifestantes arrojaron bolsas de residuos por sobre las vallas hacia el edificio de Tribunales.

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En la cabecera de la manifestación, a metros del Obelisco, se observaban las banderas de la organización Túpac Amaru. Desde allí y en dirección sur, hacia la avenida Independencia, se intercalaban columnas de otras agrupaciones.

Las organizadores acordaron mantener distancia entre cada grupo de personas con la intención de prevenir contagios por el rebrote de la Covid-19.

Entre las agrupaciones presentes se encontraban Militancia Popular, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Patria Justa, Corriente Peronista 13 de abril, CTD Aníbal Verón, Frente Barrial de la CTA, Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Mayo, Frente Transversal, Espacio Puebla, entre otros.

Entre los participantes se veían banderas y pancartas de los gremios Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).

"El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros", sostuvo Sala el pasado viernes en declaraciones televisivas, al tiempo que pidió soluciones "políticas" para su situación.

La dirigente jujeña fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de "instigación de daños agravados", durante un "escrache" contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de "obstaculización" del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el arresto domiciliario.

Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de "fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos" destinados a la construcción de viviendas.

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