El oficialismo en Diputados busca avanzar con el proyecto de reforma al Ministerio Público

Política

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

El oficialismo de la Cámara de Diputados busca avanzar este martes en un tenso plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que cambia las mayorías para elegir al Procurador General y establece plazos para su mandato.

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La reunión de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debate el proyecto aprobado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones introducidas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
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En el inicio del debate, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, señaló que "este dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria.

"La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución", agregó.

Al argumentar el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el diputado radical Gustavo Menna, vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, indicó: "Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado, porque lo consideramos abiertamente contario a la Constitución".

"Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la reforma constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto", añadió.

A su turno, su compañero, Luis Petri, negó que sea necesaria una reforma “salvo que se lo quiera someter, dominar, politizar y hacer dependiente del poder político de turno”.

En un encendido discurso, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, puntualizó: “Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa vocación por destruir la independencia del Poder Judicial. Esta es una ley de impunidad pero es mucho más que eso: es una ley para destruir la independencia de los fiscales”.

Por su parte, desde el oficialismo, Leopoldo Moreau, destacó que “en la Constitución no hay nadie que no esté sometido a control y esa es una de sus virtudes" y aclaró que "la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, está sometida a control a través del instituto de juicio político”.

El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Por lo pronto, el mendocino apoyará la iniciativa luego de los cambios que el oficialismo aplicó en el texto de la ley a propuesta de él, especialmente la creación de una Defensoría de Usuarios y Consumidores.

El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.

En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 legisladores de Juntos por el Cambio y de Graciela Camaño, de Consenso Federal.

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, modificaciones que fueron propuestas por el ministro Soria.

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