El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, apeló este jueves su procesamiento en la causa por la multa aplicada a una consultora a raíz de la medición del índice de inflación y calificó de "arbitraria" la medida dispuesta por el juez federal Nº 11 Claudio Bonadio.
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El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, aclaró en declaraciones a Radio Del Plata que la apelación "consiste en la explicación de los motivos por los que creemos que la resolución del juez Bonadio es arbitraria y debe ser dejada sin efecto". En el escrito se consideró que Moreno cumplió con los "procedimientos administrativos" legales al imponer la multa a "Finsoport", y por eso cuestionó el procesamiento por "abuso de autoridad".
"Sostenemos que está avanzando decididamente y con arbitrariedad en una imputación sobre un hecho que ya fue juzgado por otro juez. El juez, con plena conciencia de esto, avanzó igual. Esperamos que la Cámara tenga la posibilidad de concretar el remedio", completó.
El defensor del funcionario alertó por la "ausencia de elementos probatorios, de sustento" para justificar la medida. "No tengo ninguna duda de la intencionalidad política del juez. Esto es, a mi juicio, un aporte a la campaña de Massa", lanzó el defensor.
"El juez se ha mostrado públicamente (con Massa). Hay una foto del juez Bonadio al lado de Massa en pleno proceso electoral. La foto está en la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (Fepesna), en la que participa Bonadio", comentó. "El juez mismo se presenta en esos términos, vinculado al lado de Massa públicamente. El juez lo ofrece como carta de presentación en su página web", remarcó.
El magistrado también procesó al Director Nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, al Director Nacional de Lealtad comercial Adalberto Guillermo Rotella, y sobreseyó a Guillermo David, funcionario de esa misma dependencia.
"Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento, ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva", es decir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, explicó Bonadio, quien embargó los bienes de los procesados en la suma de 50.000 pesos más 69,67 de tasa judicial.
Bonadio recordó que la causa se inició por una denuncia del economista Jorge Todesca, como presidente de "Finsoport SA Economía y Finanzas" quien denunció que su empresa fue objeto de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".
En una resolución de 48 carillas, el juez concluyó que "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido".
En esa línea de análisis Bonadio apuntó que "se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse".
• Reacción oficial
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, rechazó la resolución de Bonadio. Señaló que "es cuanto menos llamativo que se procese a un funcionario por ejercer actos propios de su función, que ya fueron avalados por otros jueces y que en la actualidad se encuentran en análisis en el fuero contencioso administrativo y en la Corte Suprema".
Otra reacción llegó desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila "Pimpi" Colombo. La funcionaria consideró "llamativo" el procesamiento y advirtió que el magistrado "se está metiendo en la campaña electoral".
"Sabemos que Bonadío fue la mano derecha de (Carlos) Corach durante el gobierno de (Carlos) Menem, que después desembocó en Tribunales y ahora tiene proximidad con Sergio Massa", alertó Colombo. En diálogo con la Televisión Publica, la funcionaria sostuvo que "las multas y las decisiones de la Secretaría de Comercio son revisables por la justicia y los afectados pueden apelar como lo hacen, pero no se puede decir que eso es abuso de autoridad".
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