22 de julio 2004 - 00:00

Moyano 2 A 0

El sindicalista Hugo Moyano, uno del flamante triunvirato que por un año conducirá la CGT unificada, recibió una nueva prueba de amor del gobierno. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ordenó al conflictivo supermercado Wal-Mart que saque sus trabajadores de transporte de los mercantiles, que responden a Armando Cavalieri, y los ceda al gremio del camionero, como ya lo había aplicado con los choferes de Carrefour. Las empresas se resisten y los trabajadores también. Pero es época de politización, no de equidad.

Armando Cavalieri
Armando Cavalieri
El camionero Hugo Moyano consiguió ayer que el gobierno de Néstor Kirchner le dé una ayudita para aumentar el número de afiliados a su sindicato y, al mismo tiempo, la influencia del nuevo jefe de la CGT. La jugada del Ejecutivo parece muy arriesgada, y no sólo porque eligió asociarse a Moyano sino, fundamentalmente, porque contribuye a reabrir un frente de puja interna en la central obrera -la medida gubernamental afecta intereses del mercantil Armando Cavalieri- y, por si fuera poco, provoca inquietud en el ámbito empresario.

En un conflicto muy similar al que se desató en Carrefour, ayer fue el turno de otro hipermercado, Wal-Mart, que sufrió el embate moyanista con aval del Ministerio de Trabajo. En la misma jornada en que miles de fleteros coparon el centro de Buenos Aires con sus reclamos, Carlos Tomada intimó a la empresa Wal-Mart Argentina SA a aplicar en forma «inmediata» el convenio colectivo de los camioneros. Es para los operarios que cumplen tareas en el establecimiento que esa firma posee en la localidad bonaerense de General Rodríguez, y que sirve para la distribución de mercaderías.

El ministro dictó la Resolución 484, por la cual intimó a la cadena de supermercados a aplicar el convenio colectivo 40/89 al personal que se desempeña en el establecimiento ubicado en la Ruta 24, kilómetro 20, de General Rodríguez, bajo «apercibimiento» de considerar el incumplimiento « falta grave».

El funcionario se pronunció de esa forma en favor del gremio camionero en el conflicto que mantenía con su par de Empleados de Comercio y Servicios, tal como sucedió el 29 de octubre último con los operarios del centro de distribución de la empresa Carrefour de la localidad de Esteban Echeverría.

• Razonabilidad

«Corresponde sujetarse al principio de legalidad, entendido como el resultado de un proceso de razonabilidad en el que los hechos, comportamientos y cosas deben ser enjuiciados en el marco de su existencia objetiva y en relación con los enunciados y fines que contienen las normas», dijo Tomada en su resolución.

Agregó que las actuaciones se acumularon en el expediente iniciado por los camioneros contra las empresas Celsur Logística SA y Wal-Mart. Allí, el sindicato solicitó a las patronales que fijasen posición respecto de «
una posible transferencia de personal de la primera a la segunda», reseñó el ministro.

Celsur Logística realizaba la administración del depósito de mercaderías del supermercado Wal-Mart, aunque abandonó en abril de 1998 la operatoria en beneficio de la última, se indicó. «
En forma inequívoca surge que la actividad desplegada en el establecimiento ha sido y es la de atender el tránsito de mercaderías desde los proveedores de Wal-Mart a cada uno de los hipermercados, lo que implica que se cumple una gestión de distribución distinta del mero transporte interno», dijo Tomada.

• Autonomía

Explicó que ello configura una organización productiva con autonomía técnica suficiente y carácter diferenciado de la actividad mercantil y señaló que su decisión es, sin embargo, de «alcance limitado», ya que « no se ha debatido en este caso el encuadramiento convencional ni sindical que corresponde a los trabajadores del establecimiento» en cuestión. Ello implica que Comercio podrá iniciar acciones legales para apelar la decisión ministerial.

Tomada intimó a Wal-Mart a regularizar prontamente la situación del personal, bajo apercibimiento de aplicar las correspondientes sanciones, aunque aclaró que las partes podrán acordar -tal como ocurrió en el caso Carrefour- «los
procesos de encuadramiento sindical o convencional que estimen» necesarios.

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