Hugo Moyano no conoce sólo el lenguaje estruendoso del escándalo. También, cuando es necesario, el camionero sabe utilizar el recurso del susurro y la sutileza. Digamos: el «apriete» diplomático. Felipe Solá fue la más reciente víctima de ese ejercicio. La semana pasada, casi en secreto, Moyano viajó a La Plata para pedirle que prorrogue la ley que obliga a los bares y quioscos a obtener una licencia especial para vender alcohol.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esa norma, que comienza a regir el 1 de abril, exige que los comercios para el expendio de alcohol cumplan una serie de requisitos. Sin ese permiso, los distribuidores no pueden proveerlos de bebidas.
Pero ¿por qué Moyano se lanza contra esa ley? Simple: como el reparto de las bebidas lo hacen camioneros, el jefe de la CGT tripartita le avisó a Solá que la ley, que se presume bajará el nivel de consumo, podría generar despidos.
Pero lo más raro es que Moyano no apareció solo: llegó junto a Pablo Mazzacane, padre del ex corredor de Fórmula 1 y distribuidor de una famosa cerveza en la zona del Gran La Plata.
Una curiosa sintonía entre la patronal y el gremio, esta vez para intentar torcerle el brazo al gobernador que, sin embargo, los despidió con una respuesta terminante: «La ley comienza a regir en abril, no hay marcha atrás».
Antes, Moyano había recurrido a sus vínculos en la Legislatura donde opera en su nombre Octavio Argüello, tercero en la sucesión de Camioneros, que integra el bloque del Frepobo de Aldo Rico, bancada que vota en tándem con el duhaldismo.
Por esa vía, la dupla Moyano-Mazzacane intentó «tumbar» la ley votando una prórroga de cuatro meses. Esa maniobra tampoco prosperó.
Dejá tu comentario