Dardos de Corte y jueces federales a la política y mensaje de cohesión interna ante la avanzada narco

Política

Reclamos múltiples por ausencia de reflejos en combate al narcotráfico. Vacantes, tecnología, seguridad y políticas públicas. Advertencia y promesa

Foto, potente. Mensajes, a varios frentes. El primer objetivo de la cumbre antinarco en la que se dieron cita los jueces más importantes del país –con protagonismo de la Corte Suprema y varios integrantes del Consejo de la Magistratura- cumplió una serie de objetivos: escenificar un apoyo de cuerpo presente a los jueces y fiscales que deben enfrentar la problemática del narcotráfico y el crimen organizado que tiene a Rosario de rehén, desde hace varios años. El segundo, enviar un Exocet a la política, ensimismada en el revoleo de proyectos de ley de modificaciones y ampliaciones de tribunales con destino de cajón por la falta de consensos. Un tercero que sirviera para demarcar una idea de cohesión interna, un desafío al ego de los integrantes del Poder Judicial. Y un cuarto, quizás, motivado en iluminar un panorama complejo a futuro para la Argentina que no está debidamente reflejado en la agenda de la discusión pública. Si de verdad significa un punto de inflexión –como lo señalaron varios magistrados ante Ámbito- es una cuestión por verse.

Todos estos condimentos colaboraron para un encuentro sobrio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario originalmente impulsado por la Asociación de Jueces Federales (AJuFe) a la que después se sumó la Corte en pleno con sus cuatro miembros, el procurador Eduardo Casal y extensiva también a los integrantes del Consejo. La apertura estuvo a cargo de su presidente Horacio Rosatti categórico para enviar mensajes simultáneos: a la ausencia de decisión política para avanzar contra el narcotráfico, traducida en el desinterés para la cobertura de –según como se la contabilice- un 27% de vacantes solo en la jurisdicción de Rosario y Santa Fe, azotada por el flagelo de la criminalidad organizada. La contracara es un mapa judicial desactualizado y sólo relevante para quienes pueden obtener algún rédito en el reparto de cargos.

No fue casual que participaran del encuentro los titulares de las procuradurías especializadas en Narcocriminalidad Diego Iglesias y Lavado de Dinero, Diego Velasco. El fenómeno complejo de las organizaciones deriva en investigaciones que involucran otros delitos relacionados. Y muchos de ellos terminan siendo investigados por jueces y fiscales provinciales, que son los que sufren las principales presiones.

El apoyo estuvo dirigido principalmente hacia ellos. De hecho, a continuación del evento, hubo una reunión especial entre miembros de las procuradurías federales y los fiscales provinciales. A los asistentes sorprendió el tesón puesto por los funcionarios que deben enfrentar el día a día de las causas, casi en soledad. La cuestión deja un tanto “desenfocados” a quienes, por la contraria, han actuado desde el Poder Judicial o el Ministerio Público con cierta morosidad, permisividad o hasta en algún punto, complicidad. Ese también fue un mensaje dirigido hacia adentro que no pasó desapercibido. Habrá que prestar mucha atención a la deriva del denominado caso “Alvarado”. Podría quedar expuesta una cadena delincuencial mucho más amplia que graficaría lo profundo y extendido del problema Narco en Argentina.

Rosatti habló de batalla cultural, de cohesión del Estado y de un funcionamiento global coordinado entre los tres poderes para enfrentar el tema. Pareciera una quimera con la Nación, pero en Santa Fe ya existen gestualidades que marcan que es factible un trabajo conjunto entre las autoridades políticas y las judiciales. Rosatti marcó otro punto: la ensalada de sistemas de persecución penal y desdoblamientos jurisdiccionales que conviven en Argentina y que vuelven rígidas las estructuras y, por ende, ineficaces. “No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”, lanzó. Sonaron varios teléfonos.

Hubo un párrafo para el reclamo de herramientas tecnológicas. De hecho, a través del Consejo se canalizará, el lunes, un nodo de conectividad para Rosario con una sala de audiencias multimedia de última generación, con cámaras especiales y micrófonos de alta precisión que hasta ahora solo tenía Casación. El gobernador Omar Perotti y el intendente local Pablo Javkin estaban entre los asistentes. Hubo jueces de primera instancia de Comodoro Py, como el organizador Ariel Lijo o Julián Ercolini y de Casación Penal como Diego Barroetaveña, encargado de exponer y también Carlos Mahiques y Daniel Petrone. El máximo Tribunal penal con la firma de todos sus integrantes adhirió al encuentro. Casi sesionan en Rosario un día antes, pero cuando se sumó la Corte decidieron participar del acto central.

Las ponencias de los magistrados federales Ricardo Toranzos (Salta) y Miguel Ángel Guerrero (Eldorado, Misiones) –que contó experiencias en la Triple Frontera- fueron un baño de cruda realidad que sirvió para ejemplificar la distancia sideral con las discusiones y prioridades que emanan del Congreso y de las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Datos: los cuatro jueces de la Corte no partieron raudos luego de finalizar los paneles. Hubo mucha interacción de los cuatro con los demás “federales”; hubo representación heterogénea de los consejeros de la Magistratura, en una señal que busca fortalecer la idea de que presidido por la Corte, el órgano de conducción del Poder Judicial puede llegar a dar respuesta a las necesidades de los tribunales inferiores; hubo menos “rosca” de lo esperable, el clima intentó marcar que el tema a abordar excede los márgenes de preocupación habitual entre magistrados. Resonó fuerte una frase de Rosatti: “la cárcel no debe controlar la calle”.

El dardo azotó sobre el Servicio Penitenciario a partir del dato de que la operatoria de los narcos y de Los Monos en particular se dio en un porcentaje increíble cuando sus miembros ya habían sido encarcelados pero tenían los recursos y comunicaciones desde adentro. También fue un latigazo para la inteligencia penitenciaria que pasó de ser utilizada para fines políticos a desarticulada en su verdadero propósito.

Cerró la exposición Ricardo Lorenzetti que abogó sobre la ausencia de políticas de Estado perdurables para atacar el flagelo, la inconstancia a la hora de aplicar el sistema acusatorio a nivel federal y rodeó la idea de que “no existe la grieta” dentro del Poder Judicial. Mencionó también el día después de la cumbre en Rosario y el riesgo de que todo “siga igual”, ante lo que reclamó trabajo constante y políticas públicas. Ese es uno de los aspectos que deberá verificarse con el tiempo. Si por un lado el Poder Judicial –criticado y mal valorado por sus resultados por la ciudadanía- puede erigirse como guía en iluminar esta problemática y si el mensaje que ayer quedó resonando logra permear en la política, empachada de coyuntura.

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