Hasta ahora, ninguno de los tres principales candidatos a diputados en la Capital Federal (Rafael Bielsa, Elisa Carrió y Mauricio Macri) se ha preocupado por advertir a la ciudadanía -y, mucho menos, asumir una posición al respecto- sobre la ruidosa confrontación que hoy enfrenta al gobierno de la Ciudad con el de la Nación. Tampoco se han expresado siquiera los que disponen de menos voluntades partidarias según las encuestas. Sugerente olvido de la izquierda, la derecha y el centro. Y el tema que separa a las dos administraciones, como ocurrió en otras oportunidades, es el juego, el reparto de sus jugosos beneficios (y no sólo para el sector público, claro).
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Sorprende ese silencio cuando todos están en campaña, del mismo modo que cuesta entender la naturaleza del pleito entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra, ya que sería demasiado ingenuo suponer que las diferencias por ganancias y extras responden en exclusividad al celo de poco conocidas reparticiones específicas como las loterías. Por un lado, está claro que la Casa Rosada pretende quedarse con el control total del juego en la Capital (de ahí que denunció un mutuo acuerdo de antaño) y, por el otro, el jefe de Gobierno revela interés por participar en la regulación y extensiones lúdicas que generan tanta prosperidad, sea en la tierra como en el agua. No es raro el desvelo de Kirchner, hombre más bien adicto a fichas, monedas y números, en su provincia y en países vecinos, sí en Ibarra que hizo campañas contra el juego (lo acusaba a Fernando de la Rúa por el casino flotante) mientras estaba en la arena, aunque una vez en el cargo tuvo amnesia repentina y robusteció lo que habían decidido sus antecesores. Hoy, claro, pueden alegar que defienden a su modo los intereses de sus representados.
La curva de estos negocios, mejorados en la calificación semántica como «ocio», ha explotado olímpicamente en esta década de 2000. Y en todo el país. Para felicidad de gobernadores y hasta de opositores, al punto que ciertas alianzas políticas se explican en esa usina, lo mismo que afinidades curiosas -como la de Kirchner con Carlos Reutemann- que pasan por la coincidencia de ciertas habilitaciones de casinos (por ejemplo, en Santa Fe). Un acuerdo de esas características, también, se concretaría en la provincia de Buenos Aires -donde bingos y casinos funcionan a full- para permitir que se instalen unas dos mil máquinas tragamonedas en el Hipódromo de San Isidro, vieja aspiración del Jockey Club trabada por la legislación vigente. Sin embargo, ahora parece que el intelecto bonaerense encontró un recoveco judicial y quienes sólo se entretenían con el turf también podrán distraerse con las tragaperras, como ocurre en Palermo, cada vez más horadado en su ecología por la instalación de estas máquinas.
• Conflictos
Este boom, como es lógico, desata conflictos en el sector privado -con capitales nacionales y extranjeros- por la posesión de ciertas áreas, permisos o juegos, episodios resueltos con discreción en la mayoría de los casos. Pero la nueva porfía entre la Capital y la Casa Rosada, entre Ibarra y Kirchner, ha puesto en la vidriera una avidez por la captura de fondos y ampliación de negocios hasta el momento disimulada. Del lado de Kirchner se decidió extender las licencias de las concesiones porteñas de los bingos -algo semejante a lo que hizo con arbitrariedad presidencial con los medios electrónicos generando más de una suspicacia- y, del lado de Ibarra, se pretende llamar a nuevas licitaciones justificadas en su vencimiento y la amplitud de inversiones y de nuevos participantes. Por supuesto, los dos jefes litigan en la Justicia independiente, a los dos se les atribuyen notables conexiones con los responsables del juego y ambos revelan que el amor platónico que los llevó a estar juntos para vencer a Macri (quien tampoco se ha manifestado sobre esta cuestión) se inspiraba en otras razones: hoy, el juego los separa más que Cromañón, más que las encuestas desfavorables a Ibarra o la tibia irrupción electoral de Bielsa. Tanto que algunos entienden que el enfrentamiento estimula a que ciertas reparticiones del Estado nacional, como la AFIP, hayan denunciado a la Municipalidad por haber tenido empleados en negro cuando el propio Estado también los tenía. Está claro que nadie quiere perder poder ni fortuna.
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