Niega procurador que sea una "fabricación" política

El procurador de la Corte de Justicia bonaerense Eduardo Matías de la Cruz negó ayer que las llamadas entre la Casa Rosada y oficinas del Ejército y teléfonos investigados por distintos delitos sea información falsa «plantada» por algún sector de la Policía Bonaerense.

De la Cruz reaccionó de esa manera a la interpretación oficial de que los enlaces telefónicos detectados por los investigados bonaerense forman parte de una operación política para involucrar al gobierno nacional en la ola delictiva que golpea a la provincia de Buenos Aires.

«No hay ninguna motivación política en esta investigación. No recibí ni acepto directivas de nadie, y no opero para nadie», dijo.

Tuvo otro mensaje. «Los que dicen que esta investigación es trucha no saben lo que dicen», aseguró y, en paralelo, confirmó que a partir del entrecruzamiento se comprobaron «casi 2.000 llamadas» entre la Casa de Gobierno y delincuentes implicados en resonantes secuestros.

•Virus

Los destinatarios de esos dichos fueron los ministros de Justicia, Gustavo Béliz, y de Defensa, José Pampuro, que ayer relativizaron la validez del informe elaborado por la Procuración a partir de entrecruzar 18 millones de llamadas telefónicas.

Ayer, De la Cruz continuó en contacto con fiscales bonaerenses con la intención de profundizar la investigación y con la certeza de que el análisis del informe -que la SIDE evaluó y consideró correctopermitirá reactivar varias causas actualmente paralizadas por falta de pruebas.

Sin embargo, el Procurador no quiso profundizar en los posibles alcances políticos de esa relevación. Incluso negó que se esté ante una «superbanda».

«El tema es muy grave, y habla de un virus, de banditas de operadores que se metieron en el Estado para utilizar sus recursos y favorecer el delito», dijo.

«Se trata de gente que vende armas, facilita medios y hace inteligencia, porque los secuestros que se han hecho no los puede hacer un delincuente común, ni un policía por sí solo», completó.

En la misma línea, voceros judiciales descartaron ayer interpretaciones políticas. Apoyados en el dato de que las llamadas se registran desde 1997, las fuentes de la Justicia aseguraron que «no se trataría de personal político, sino de personal de planta».

También, otra hipótesis -que animan funcionarios judiciales-supone que las llamadas detectadas podrían ser producto, al menos en algunos casos, de engaños informáticos. «Si hacían funcionar un locutorio en la Casa de Gobierno, por qué no van a copiar ahora el mismo mecanismo», dijeron.

Pero esa teoría derrapa en un punto: el informe de la Policía Judicial Bonaerense detectó miles de llamadas entrantes y salientes desde la Casa Rosada. Por eso, en la Procuración relativizan esa interpretación.

El rastreo por el sistema VAIT comprobó que desde la Casa de Gobierno y la sede del Ejército, desde 1997 hasta la fecha, se hicieron 4.000 llamadas telefónicas a números involucrados en causas criminales.

El informe revelado por la Procuración fue elaborado mediante el cruce de información de cerca de 200 causas judiciales en las que se investigan recientes secuestros extorsivos, como el del hermano del futbolista Juan Román Riquelme o el del padre del actor Pablo Echarri.