No es caprichosa la necesidad de que el aborto legal sea ley

Anabel F. Sagasti (FpV-PJ).

Por Anabel Fernández Sagasti. - senadora por Mendoza (FpV-PJ)

Llegamos a esta instancia de profundo debate gracias al trascendental rol que tuvo el movimiento de mujeres organizadas que hace años sostienen el reclamo, el debate y que lograron que la sociedad y el Congreso se hayan hecho eco del mismo. Sin esas cientas de mujeres organizadas en las calles, en asambleas, pañuelazos, marchas y convocatorias a lo largo del país, no hubiese sido posible.

No es caprichosa la necesidad de que el aborto legal sea Ley. En primer lugar porque es la principal causa de muerte materna de mujeres sanas y jóvenes, desde la recuperación de la democracia murieron en la Argentina 3030 mujeres, se inducen entre 370.000 a 520.000 abortos por año.

El actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, señaló, que "en los últimos cuatro años hubo 47.076 abortos de los cuales el 70% se realizaron en condiciones inseguras". No obstante, es sumamente necesario aclarar que desde la "Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito", el lema siempre fue: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por lo tanto, no hablamos solo de interrupción del embarazo, que obviamente debe configurarse como la última instancia a la que una mujer debe acudir, sino que la responsabilidad de diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres a través de una educación sexual integral y el acceso anticonceptivos, debe ser del Estado.

Es también una cuestión de justicia social, de reconocimiento de derechos y fundamentalmente de libertades.

Decimos que aprobar esta ley es Justicia social, porque garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en iguales condiciones, la ilegalidad genera que quienes no pueden pagar una intervención médica segura, no tienen otra opción que la clandestinidad y el peligro de muerte. Sin embargo, quienes cuentan con recursos económicos lo hacen de forma segura, lo que también demuestra la hipocresía y el negocio que existe detrás de la clandestinidad. La única forma de que las consecuencias, los datos y los casos salgan de la clandestinidad es que la IVE sea legal. Quienes se oponen, quieren sostener el statu quo sin importarle cuales son las consecuencias que padecen las mujeres y personas gestantes al tomar esa decisión y como evitarlas.

No podemos seguir utilizando la pena para restringir derechos. Por esto mismo también, es reconocer libertades. No es casual que quienes quieren mantener el statu quo hoy nos plantean que la solución a este flagelo es la educación sexual, los mismos que llamativamente en su momento se opusieron a la aplicación de aquella. Varios ejemplos de obstaculización conocemos en mi provincia; en agosto del 2017 amenazaron a maestros que enseñan educación sexual en los colegios, se produjeron declaraciones como las del obispado de San Rafael, institución que afirmó el año pasado que "la educación sexual es un veneno y busca colonizar ideológicamente". En el mismo sentido, afirmaciones de este tipo también se escucharon en algunas exposiciones del Senado.

Los debates han sido enriquecedores y claramente nos han dado a los y las senadoras cientos de argumentos por los cuales votar a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El momento es ahora, esperemos que el Senado este a la altura de la circunstancia y... ¡Que sea Ley!