El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que "no está sobreseído Arribas sino la causa, y la causa se sobresee porque no hay delito, no hay un sobreseimiento personal", en la investigación al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sobre el presunto cobro de dinero de la constructora Odebrecht, investigada en Brasil por el caso conocido como "Lava Jato".
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El magistrado emitió un fallo de 17 páginas con el que hizo lugar a un recurso de "falta de acción" planteado por la defensa del jefe de los espías.
El juez coincidió con los abogados de la defensa, encabezados por Alejandro Pérez Chada, en que el fiscal Federico Delgado había requerido una serie de medidas que daban pie a una "investigación abierta" que no precisaba el delito atribuido a Gustavo Arribas.
"Que un particular reciba una suma de dinero para hacer un lobby no es delito en Argentina. Para que haya un delito de cohecho o soborno una de las partes tiene que ser funcionario público", explicó en declaraciones a Radio 10.
El juez federal dejó en claro además que "seguramente lo que yo resuelva va a ser apelado por el fiscal. Si estoy tan equivocado y fue un fallo veloz, va a ser modificado. No va a ser modificado por ser veloz o tener cosas incumplidos, no tengo otra alternativa".
"Por ahora se le imputa tener dinero. No se puede invadir otra jurisdicción y cualquiera que haya pasado por la Facultad lo sabe. No hay imputación de delito, si mañana aparece una apariencia de delito puede haber un requerimiento. La deficiencia de la resolución no me permite avanzar, es tan elemental que no me permite explicarlo", concluyó.
La semana pasada ámbito.com informó que el senador Fernando "Pino" Solanas y su asesor legislativo Alejandro Olmos Gaona solicitaron al fiscal Delgado que investigue una posible maniobra del Banco Central para encubrir las transferencias bancarias que recibió Arribas. En un escrito al que accedió este medio, los denunciantes aseguran que la entidad monetaria a cargo de Federico Sturzenegger eludió las normativas vigentes al responder un oficio ordenado por el juez Canicoba Corral.
Solanas y Olmos afirman que todas las transferencias fueron procesadas en el sistema Swif y que las autoridades de la entidad monetaria desviaron la información. "Se podrá verificar que contrariamente a lo informado al Tribunal, por el Banco Central de la República Argentina, existen tres o cuatro transferencias a favor del escribano Arribas que están procesadas, lo que demostraría que efectivamente habrían sido enviadas", sostuvieron.
Sin embargo, en su dictamen Canicoba Corral sostuvo que "el requerimiento debe describir un hecho (o más) para que tenga, como mínimo, una apariencia de delito, más allá de la calificación legal que pudiera merecer, y esto es lo que está sujeto a las contingencias de la investigación".
"Y, ¿cuál es el hecho aparentemente punible que el señor fiscal endilga a Arribas? No sabemos", remató el magistrado.
"Una investigación `abierta´ como nos propone el representante del Ministerio Público Fiscal, no puede prosperar so pena de convertirse en una `excursión de pesca´, mutando el derecho penal de acto al de autor", enfatizó el juez.
Arribas fue denunciado ante la justicia por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió el 11 de enero, luego de que el diario La Nación informara que había recibido transferencias bancarias del cambista brasileño Leonardo Meirelles.
Meirelles es un operador que reconoció haber intermediado en el pago de coimas de la firma Odebrecht en distintas partes del mundo y que se acogió al régimen de "delación premiada" en el marco de la causa del Lava Jato y aportó documentación sobre transferencias bancarias.
"Me imputan haber recibido 594.518 dólares en cinco transferencias por el pago de una supuesta `coima´ de la empresa Odebrecht para que recobrara impulso el proyecto del soterramiento del Sarmiento", resumió Arribas, en un comunicado que emitió al respecto.
El titular de la AFI señaló entonces que "la única de las cinco transferencias que me adjudican y que mi banco recibió y acreditó en mi cuenta es la de 70.495 dólares, que responde a parte del pago de la venta de un inmueble".
Arribas había pedido ser sobreseído antes de que finalizaran las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Delgado tendientes a determinar si el funcionario ofició de intermediario para la firma Odebrecht e intervino en el pago de coimas a funcionarios públicos argentinos.
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