El juez federal Daniel Rafecas explicó este martes por qué condenó a Cristian Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal que roció con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante la marcha de jubilados del 11 de septiembre de 2024. Descartó que el acusado no hubiera advertido la presencia de ambas, destacó que hubo gritos que alertaron sobre la nena y remarcó que el policía actuó por fuera de los protocolos. “No hubiese sido posible para Rivaldi desconocer la presencia de Carla y Fabrizia Pegoraro”, sostuvo.
Los fundamentos de la sentencia aportan detalles contundentes sobre la valoración que hizo el juez Rafecas de las imágenes del operativo y, particularmente, sobre la responsabilidad del efectivo que accionó el dispositivo químico contra las dos mujeres que estaban sentadas en el asfalto, en las inmediaciones del Congreso.
Uno de los argumentos del juez fue que Rivaldi no podía alegar que no había visto a la nena. La defensa había sostenido que el policía tenía dificultades para escuchar y ver por el casco y el contexto de tensión que se vivía durante el operativo. Sin embargo, Rafecas rechazó esa explicación. “Los videos e imágenes muestran un manejo consciente y con conocimiento disponible de todos aquellos elementos objetivos del tipo”, afirmó.
Uno de los argumentos del juez fue que Rivaldi no podía alegar que no había visto a la nena. La defensa había sostenido que el policía tenía dificultades para escuchar y ver por el casco y el contexto de tensión que se vivía durante el operativo.
El magistrado destacó que, antes de que el efectivo accionara el gas, se escucharon reiteradas advertencias sobre la presencia de una menor. Y fue más allá: señaló que esos gritos tenían un tono similar al de la orden de avance que Rivaldi sí pudo escuchar.
“Los elementos probatorios no muestran indicios de permitan inferir que el acusado no pudo escuchar los gritos que imploraban tener cuidado ante el avance policial en dirección a la presencia de Fabrizia Pegoraro”, escribió.
Pero también consideró determinante lo que muestran las imágenes. El visor del casco de Rivaldi estaba levantado, por lo que su campo visual no se encontraba obstruido. Además, el video permitió observar que, mientras avanzaba, llegó a golpear con su pie a una de las mujeres que estaban en el suelo.
Para Rafecas, ese detalle terminó de derribar la explicación defensiva: “No hubiese sido posible para Rivaldi desconocer la presencia de Carla y Fabrizia Pegoraro, ni confundirlas a ellas con un bulto inerte que se encontrase en la calle”.
El gas no estaba justificado
Otro de los puntos contundentes de los fundamentos es el análisis del uso de la fuerza. El juez aclaró que no estaba en discusión que Rivaldi hubiera recibido órdenes de avanzar para despejar la avenida Rivadavia, sino si había cumplido esa instrucción respetando los límites que imponían las normas.
En ese sentido, remarcó que el protocolo establecía que los efectivos debían utilizar “la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. Y concluyó que el policía se apartó de esas obligaciones.
“Quedó acreditado en juicio que Rivaldi se apartó de la normativa ya individualizada”, sostuvo, al señalar que no existía una situación de riesgo suficiente que justificara el uso del dispositivo presurizado.
El magistrado también puso el foco en un testimonio que resultó especialmente relevante: el del jefe de la Guardia de Infantería, Jorge Rolón, quien había participado del operativo y también tenía un dispositivo de gas pimienta.
Cuando le preguntaron si las mujeres sentadas en el piso representaban una amenaza para los efectivos, respondió que no. Incluso explicó que él mismo no había utilizado su disuasivo porque no se había presentado una situación que justificara hacerlo.
Para el juez, esa declaración desarmó el argumento de que el contexto general de violencia habilitaba automáticamente el uso del gas contra cualquier persona que estuviera en el lugar.
“Carla como Fabrizia Pegoraro se encontraban en posición pacífica sentadas en el asfalto, no perpetrando agresión alguna hacia los efectivos de la fuerza de seguridad”, destacó.
El policía sabía cómo debía actuar ante un menor
Rafecas también hizo hincapié en que Rivaldi no era un agente inexperto. Tenía una extensa trayectoria en la Policía Federal y se desempeñaba como instructor en cursos de capacitación sobre control y restablecimiento del orden público.
Durante el juicio, el propio acusado había explicado que, cuando se detecta la presencia de un menor en una manifestación, la práctica consiste en rodearlo, protegerlo y trasladarlo a un lugar seguro. Incluso había reconocido que él mismo impartía esas instrucciones en las capacitaciones.
Sin embargo, el juez advirtió que no actuó de esa manera. “De la propia videograbación incorporada y exhibida a las partes y a esos testigos en el marco del juicio oral, se constató que Rivaldi no procedió conforme habría debido ante la presencia de una menor de edad, como lo era Fabrizia Pegoraro; no actuó conforme él mismo dijo que se debía proceder”, señaló.
Y agregó que el acusado “obvió tener especial atención y cuidado ante la presencia de una menor de edad”. La experiencia profesional del policía, lejos de servir como argumento a su favor, también fue considerada al momento de evaluar la gravedad de su conducta.
La lesión y el intento de responsabilizar a otro factor
Otro de los planteos de la defensa había sido que Fabrizia ya podía estar afectada por otros gases que circulaban en el ambiente durante el operativo y que, por lo tanto, no estaba demostrado que la conjuntivitis química hubiera sido provocada por Rivaldi.
Rafecas descartó esa hipótesis. Consideró que las pruebas demostraron que la niña comenzó a quejarse y llorar inmediatamente después de recibir el chorro de gas disparado por el policía.
También tomó en cuenta los estudios periciales de Gendarmería, que determinaron que el contenido químico del dispositivo podía producir irritación ocular y, en casos más graves, conjuntivitis química. Ese fue precisamente el diagnóstico que recibió Fabrizia en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
El juez concluyó que la conducta del efectivo creó un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se concretó en la lesión que sufrió la nena.
“Un comportamiento alternativo conforme a derecho por parte del acusado hubiera evitado el resultado, con una probabilidad rayana a la certeza”, sostuvo.
Finalmente, al determinar la responsabilidad penal, Rafecas consideró que el accionar de Rivaldi constituyó un incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves.
En cuanto a la pena, además de valorar la gravedad del hecho y la experiencia del policía, tuvo en cuenta como atenuantes que no registraba antecedentes penales y que durante sus últimas palabras en el juicio pidió disculpas por lo ocurrido.
Así, mantuvo la condena de un año y tres meses de prisión en suspenso, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, bajo la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.