Nuevo fallo contra el DNU de Javier Milei: vuelve a regir la cautelar que protege la ley de Tierras

El juez Alberto Recondo concedió una apelación contra la derogación. De esta manera, volverá a regir la cautelar que protege la normativa.

La ley de Tierras continúa vigente hasta que defina la Cámara Nacional de La Plata. 

El juez federal de La Plata Alberto Recondo concedió el recurso de apelación de una agrupación de excombatientes de Malvinas contra la derogación por decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la ley de Tierras, por lo que la normativa volverá a estar vigente hasta tanto intervenga nuevamente la Justicia.

Esa decisión, según interpretaron los abogados del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM La Plata) repone la medida cautelar dictada durante la feria judicial de enero que suspendió los efectos del DNU que derogó la ley.

El juez Recondo hizo lugar al recurso planteado por los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso y concedió el recurso de apelación "en ambos efectos".

Ese tecnicismo establece un límite difuso, puesto que por un lado el "efecto suspensivo" suspende los efectos de la resolución, pero por el otro el "efecto devolutivo" los mantiene.

"Entendemos que rigen el artículo 15 de la ley de amparo y el 19 de las medidas cautelares. La cautelar está vigente", analizó el abogado del CECIM Guerrero Iraola. El expediente pasará ahora a revisión de la Cámara Federal de La Plata.

DNU de Javier Milei: apelan contra fallo que avaló derogación de la ley de Tierras

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) La Plata apeló este martes el fallo que avaló la derogación de la Ley de Tierras impuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y que posibilita la compra de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros.

En el escrito de apelación, los excombatientes cuestionaron los argumentos a favor de la derogación: "La Argentina está en venta. ¿Quién será responsable si compran las tierras aledañas a Vaca Muerta? ¿A los yacimientos de litio? ¿El encadenamiento de fundos aledaños a un río? ¿A un lago? ¿A una laguna? ¿Quién se hará cargo de los efectos jurídicos que, seguramente, están sucediendo?".

"Resultan agraviantes y profundamente irritantes los términos de la resolución del Magistrado Recondo. Es inadmisible que, en el desempeño de su rol funcional, desconozca la labor que el CECIM La Plata realiza", señalaron los excombatientes en respuesta al fallo publicado este lunes.

Juez frena la vigencia del DNU contra la ley de Tierras

El juez Recondo rechazó a principios de semana la acción de amparo de los ex combatientes y levantó la medida cautelar que impedía la aplicación de esa parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Pero la modalidad en la que fue concedida la apelación interrumpe la vigencia de ese fallo, por lo que esa parte del DNU está frenada hasta tanto se pronuncie la Cámara Federal.

Los ex combatientes argumentaron que la derogación de la ley de tierras "afectaría intereses soberanos y de la comunidad", pero el juez contrapuso que "no surge de los argumentos vertidos por esta en su escrito de demanda ni de la prueba aportada, elementos que permitan concluir de manera clara, que la norma en cuestión le cause un agravio discernible respecto a una cuestión justiciable".

Milei busca derogar la Ley de Tierras: qué dice la norma

Entre los 30 puntos que contempla el DNU publicado en diciembre, ordena la derogación de la Ley de Tierras, puntualmente denominada como Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Se trata de una legislación sancionado por el Congreso Nacional en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La norma establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros hasta las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial.

Al mismo tiempo, fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional para aquellas personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas. El objetivo de la ley es poner un límite a la extranjerización de las tierras.