Una fuerte crítica a los subsidios agropecuarios en los países desarrollados fue parte del documento que obispos y empresarios cristianos de América latina suscribieron ayer en la localidad bonaerense de Pilar.
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«Los subsidios agrícolas atentan contra el comercio justo, provocan inequidad en productores y consumidores, generando pobreza, marginalidad y migraciones no deseadas. Debe permanentemente insistirse en el logro de intercambios más justos y equitativos», fue parte de la declaración que el Consejo Episcopal Latinoamericano ( CELAM) y la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas (Uniapac) emitieron en el cierre del simposio «La empresa socialmente responsable: generadora de puestos de trabajo dignos, creadora de riquezas y factor de distribución de la misma».
Los religiosos y los hombres de negocios destacaron el aumento del intercambio comercial y de la riqueza que se genera a partir del libre comercio y la apertura de fronteras. Pero también advirtieron que «es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad mitigar los impactos negativos que se generan en el proceso».
Empresarios cristianos encabezados por Santiago Del Sel (presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) y obispos procedentes de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela coincidieron en «fomentar que las decisiones de inversión se realicen con criterios éticos, entre los cuales se destaca que estén orientadas al bien común, que consideren el impacto en el medio ambiente, que contribuyan a disminuir las brechas entre sectores sociales, que el origen de los fondos sea transparente y que además del cumplimiento de la normativa legal, sean responsables en la comunidad en que se insertan».
Firmantes
La importancia de esta exhortación radica en que dos de los firmantes de la Declaración de Pilar fueron el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, y su par de la localidad uruguaya de Salto, Pablo Galimberti. Estos dos prelados son los principales gestores de un plan de entendimiento entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, al margen del proceso que se dirime en la Corte Internacional de La Haya por el conflicto de las papeleras.
El documento también exhortaa lograr que los gobiernos faciliten un clima favorable; que permita las inversiones, que son imprescindibles para el desarrollo, e incluya la plena vigencia del estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones.
Además, representa una de las fases previas a la V Conferencia del Consejo Episcopal de América Latina que se realizará en Aparecida, Brasil, el año próximo, con la presencia del papa Benedicto XVI.
Los obispos, junto con la Uniapac, abordaron también el rol del empresario en la generación de riqueza: «Su actividad responsable debe ser facilitada y la adecuada distribución de esa riqueza entre las partes que la producen debe ser garantizada».
Sin embargo, atribuyeron al Estado, como responsable del bien común, «el rol central» en la correcta distribución social de la riqueza.
En el encuentro sobrevoló permanentemente el conflicto que la Argentina y el Uruguay mantienen por la construcción de dos plantas procesadoras de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Por eso el documento recomendó especialmente «mantener y acrecentar la amistad entre nuestros pueblos». Y agregó: «Situaciones conflictivas como la que experimentan hoy la Argentina y el Uruguay exigen que reforcemos la creatividad en la búsqueda de canales de diálogo y fraternidad. Confiamos estas tareas a la Virgen de Guadalupe, patrona de América latina».
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