Pandemia: obras sociales también con internación saturada y sin refuerzos de fondos en el horizonte

Política

El mayor subsistema de salud, con 15 millones de personas cubiertas, se encuentra al borde del colapso con un promedio de 90% de las UTI.

La saturación de los sistemas público y privado de salud llegó también a las obras sociales sindicales, que representan la mayor porción de cobertura sanitaria con unas 15 millones de personas que se atienden en clínicas y sanatorios dependientes de gremios y que en la segunda ola de coronavirus llegaron a una ocupación del 90% de las camas de terapia intensiva. El inminente colapso de ese subsistema es la principal conclusión de un informe que prepara la CGT para llevar al Gobierno nacional con una queja central: la ausencia de un financiamiento estatal a un rubro cuyas cuentas fueron golpeadas por la baja en la actividad económica y la sobredemanda que acarreó la pandemia.

“Vemos con mucha preocupación lo que está pasando. El sistema de obras sociales está saturado y cada vez más desfinanciado. La recaudación cayó durante toda la pandemia y el Gobierno no puso un peso más allá de los aportes y contribuciones propias le corresponden a cada prestador”, le dijo a este diario José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y principal referente de la CGT en la materia. Según Lingeri hay “de 34 a 35 obras sociales entre medianas y chicas que tienen severamente comprometido el funcionamiento por la caída en sus recaudaciones” y “en promedio los gremios han aportado entre tres y cuatro recaudaciones (mensuales) para sostener” a sus entidades de salud.

Un relevamiento de Ámbito entre los gremios con mayor volumen de afiliados y sanatorios propios arrojó un resultado similar: ocupación de camas críticas (o de UTI, por Unidad de Terapia Intensiva) que van del 100% en algunos centros de salud, como el policlínico de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o el Sanatorio Antártida, de Camioneros, del 90% en el Policlínico Bancario, de Caballito, al 80% en los establecimientos de otros gremios con amplia cobertura de trabajadores como Comercio (Sanatorio Sagrado Corazón y otros de la misma red) o la Unión Obrera de la Construcción (Franchín), y hasta administración de pacientes derivados por prepagas sin capacidad de atenderlos en sus establecimientos propios.

Un factor político agrava la situación para los gremios con centros sanitarios: en la CGT alegan que con la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud se les terminó una interlocución muchas veces difícil pero frecuente que tenían con el Ejecutivo nacional en la materia más sensible para las obras sociales. De Carla Vizzotti los dirigentes destacan su solidez técnica para la administración de la pandemia pero le endilgan por el escaso diálogo o presteza para atender los reclamos de las prestadoras de origen sindical.

Uno de los pocos canales que mantiene la central obrera para sus planteos es Eugenio Zanarini, jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud, que conservó el cargo tras el desplazamiento de González García y que, a pesar de estar al frente de un organismo clave para el manejo de fondos de las obras sociales, tiene pocos resortes para destrabar el flujo de recursos nuevos. La única canilla de fondos que se mantuvo activa en la pandemia fue la del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que centralmente repaga tratamientos sanitarios de alto costo y que se nutre de una porción de la propia recaudación impositiva entre las obras sociales.

La queja recurrente de los jefes sindicales que administran obras sociales es que, a diferencia de los subsistemas público y privado, no recibieron fondos frescos de ningún tipo. En el caso del hospital público destacan el refuerzo presupuestario que hizo el Gobierno para afrontar la pandemia, y de los privados recuerdan las autorizaciones para el aumento de cuotas de las prepagas, la última de ellas de 10% en dos cuotas entre abril y mayo para atender la suba de salarios de la paritaria de Sanidad.

Uno de los casos más dramáticos de saturación de las UTI es el de Camioneros. El gremio que lidera Hugo Moyano logró inaugurar en plena pandemia el Sanatorio Antártida vía un acuerdo con los gobiernos nacional y bonaerense para la atención de pacientes con coronavirus de la provincia de Buenos Aires. Desde hace varios días hay ocupación plena de sus 40 camas de terapia intensiva y en la obra social (Oschoca) explicaron que se trabaja para acondicionar otras 260 de salas intermedias o comunes para permitirles alojar a pacientes con demanda de mayor complejidad. El panorama es similar en los sanatorios propios del gremio en San Justo, Villa Martelli y Avellaneda.

En el Policlínico Bancario el 90% de la terapia intensiva estaba anoche ocupada y el mismo porcentaje se verificaba en la sala destinada a pacientes con Covid 19. En tanto que los sanatorios propios de Osecac (Sagrado Corazón) y la Uocra (Franchín) registraban anoche una ocupación del orden del 80 por ciento en las camas de sus terapias intensivas. En el sindicato de Sanidad, que lidera Héctor Daer y que no cuenta con sanatorios propios, admitían anoche que ni siquiera los trabajadores del gremio, sometidos a la primera línea de combate contra la pandemia, cuentan con camas aseguradas en caso de contagiarse. El gremio acondicionó un hotel que posee en el barrio de San Cristóbal como hospital de campaña para la contención de casos leves.

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