Javier Iguacel ratificó las denuncias que hizo contra las empresas de Lázaro Báez

Bajo juramento, en forma general y sin hacer un detalle pormenorizado de las 51 obras investigadas, el funcionario macrista habló de beneficios extraordinarios a Austral Construcciones, de licitaciones "dibujadas", de un 50% de las obras de Santa Cruz sin terminar; de falta de control y de pagos adelantados sólo para Báez, a pesar de que "no tenía la capacidad de trabajo ni financiera".

Télam

Javier Iguacel habló de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz y beneficios a Báez, pero no especificó sobreprecios ni complicó la situación de Cristina Kirchner.

Ingeniero en petróleo, Iguacel es el actual intendente de Capitán Sarmiento, exadministrador de Vialidad Nacional desde el 10 de diciembre de 2016 hasta mediados de 2018, hombre cercano a Patricia Bullrich, autor de la denuncia que originó este juicio y, a su vez, imputado en la causa de los Peajes. Ante el Tribunal Oral Federal 2 se definió a sí mismo como “emprendedor” y contó que su cargo en la DNV fue su primera experiencia en la administración pública.

Bajo juramento, en forma general y sin hacer un detalle pormenorizado de las 51 obras investigadas, el funcionario macrista habló de beneficios extraordinarios a Austral Construcciones, de licitaciones “dibujadas”, de un 50% de las obras de Santa Cruz sin terminar; de falta de control y de pagos adelantados sólo para Báez, a pesar de que “no tenía la capacidad de trabajo ni financiera”.

“Yendo a declarar a Comodoro Py por la causa Vialidad. Siempre con la verdad y con las pruebas que nos demostraron que había un ilícito”, presumió en su cuenta de Twitter el exministro de Energía, a primera hora de este martes. A las 9:30 los jueces Jorge Gorni, Rodrigo Giménez Uriburu y Andés Basso dieron por iniciado el testimonio con las preguntas de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Durante casi seis horas ininterrumpidas respondió preguntas también de algunas de las defensas. Sin embargo, casi todos los representantes de los imputados se anotaron para interrogar, por lo que Iguacel deberá continuar con su declaración el próximo lunes.

El objetivo explícito de Iguacel -quien se mostró en los últimos días junto a Mauricio Macri en la muestra de Expoagro- fue involucrar a funcionarios de los gobiernos kirchneristas en las supuestas irregularidades: “A mí no me cabe ninguna duda del proceso fraudulento”, afirmó. Y agregó que “todo estaba atado desde Presidencia de la Nación”. Sin embargo, no mencionó a Cristina Kirchner, imputada en la causa, sino a Néstor Kirchner por dichos de un tercero. Según su versión, los beneficios a Báez los conoció a través de Sergio Pssacantando, Gerente de Administración de la DNV: “Passacantando me dice que cumplía órdenes de José López de pagarle a Lázaro Báez. Las órdenes las mandaba por mail o en un papelito por su chofer, hasta los domingos. Las órdenes iban directo y todos los pagos decían ‘por orden de la superioridad’ (…) Me contó que Néstor Kirchner pide que lo pongan de gerente de administración y entró a Vialidad para asegurar que fluyan los pagos. Yo estoy ahí por Néstor Kirchner, me dijo”.

Según Iguacel, a Passacantando “lo nombran viniendo de la financiera Invernes, que trabajaba para la principal contratista de Santa Cruz (Austral), por decreto de Presidencia”. Y disparó contra el Presidente Alberto Fernández. “Me llamó la atención la declaración del presidente Alberto Fernández porque él estampó la firma en ese decreto de nombramiento”, lanzó.

También por oídas, Iguacel dijo que las licitaciones en Santa Cruz estaban digitadas. Relató que los empresarios de la construcción le decían que en esa provincia había un “sistema amañado” y que “los condicionaban en su accionar.” En concreto, dijo que le dijeron que no los dejaban competir en las licitaciones porque era “territorio tomado”.

Luego, relató la raíz y el origen de la denuncia que elaboró y presentó en Comodoro Py el 26 de abril de 2016 y que originó este juicio: “A los pocos días de haber asumido, entre Navidad y año nuevo, me entero que había rutas cortadas en Santa Cruz con trabajadores reclamando por el pago de sus sueldos”, dijo. Era una “situación de extrema alarma”, agregó. Y aseguró que cuando asumió, Vialidad estaba repleta de contratistas a los que el organismo les debía dinero. “Había colas de gente que me quería ver para cobrar”, menos a Austral Construcciones, que “no solo que no se le debía, sino que se había pagado por adelantado”.

En varias oportunidades se basó para refrendar sus dichos en la auditoría interna que él mismo ordenó sobre las obras de Santa Cruz, pero que no arrojó sobreprecio alguno y que -reconoció- fue realizada “en un tiempo muy cortito” de solo en quince días, ni bien asumió su cargo. “De la auditoría surgen anomalías que me llamaron la atención”, dijo. “Había una enorme concentración de obras en Santa Cruz. Era la provincia con más obras. Eso me llamó la atención porque era anómalo”, afirmó. Este punto ya fue rebatido por varios de los testigos anteriores, que aseguraron que no hay ninguna norma que establezca cómo deben repartirse las obras entre las provincias, sino que se trata de una decisión política.

Como otra “anomalía”, describió que “estaba concentrado prácticamente todo en una sola empresa, que era la que tenía conflicto con los trabajadores”. También, que “el 50% de las obras (al menos las que se habían revisado) no se habían terminado. Habían pasado ocho, nueve años y las obras -que debían estar listas en 36 meses- no se habían terminado”.

También señaló como una anormalidad que “la mayoría de los contratos no los ejecutaba DNV, sino que las hacía Vialidad provincial y la DNV solo financiaba”. También esto ya fue rebatido por todos los testimonios anteriores, que afirmaron que en todas las provincias Vialidad Nacional delega las obras en las filiales locales.

“Advertimos un modus operandi: hacerse de los contratos, cobrar anticipos enormes, certificar un montón de contratos, cobrar un dineral y después dejar abandonadas las obras”, sentenció. Y afirmó que la DNV no tenía deuda con Austral, pero que igual la empresa no le pagaba a sus trabajadores, que estaban en conflicto. “A Báez no solo que no se le debía, sino que se había pagado por adelantado”, afirmó. Este será uno de los ejes en los que -seguramente- profundizarán las defensas la semana que viene. Es porque otros técnicos de Vialidad declararon que el organismo sí le debía dinero a la firma patagónica.

Otra de las presuntas irregularidades señaladas por Iguacel fue el hallazgo de hojas membretadas y en blanco de Austral Construcciones en una oficina de Vialidad Nacional. Sin embargo, ante la consulta del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exfuncionario admitió que no dio intervención al servicio jurídico del organismo para hacer constar en actas dicha documentación.

También será motivo de repreguntas la supuesta usina de desvío de dinero señalada por Iguacel. Según dijo, a Austral se la benefició a través de la remediación de canteras. “Es bastante fácil meter el perro ahí”, dijo. “Es muy difícil corroborar cuánta tierra se había removido. Eran monstruosos los contratos y esas obras las terminaban antes del tiempo previsto. Los volúmenes de dinero que se hicieron en esas obras, parecieran más bien un dibujo”, afirmó. Aunque admitió que para esos trabajos se hicieron las licitaciones correspondientes.

Con seguridad, aunque sin mayores detalles Iguacel aseveró: “Lázaro Báez no tenía capacidad y sin embargo le seguían dando obras. Obras que no avanzaban al ritmo que iban cobrando. No había razón técnica para las demoras y para que Vialidad no reclamara”. Y agregó que cuando asumió su cargo “la mitad de las obras estaban todas paradas (…) En un solo año Austral recibió contratos por mil millones de dólares. Sin tener capacidad. Nadie controló. No les importó”

También dijo: “Recuerdo haberlo verificado: el único grupo que cobraba por adelantado era Austral. No había ningún otro que tuviera este beneficio. Ni en Santa Cruz ni en toda la Argentina”. Las defensas también buscarán rebatir esto, ya que varios testigos afirmaron que los adelantos de dinero son un mecanismo habitual en todas las obras de todo el país y para todas las contratistas por igual, con un tope del 20%, que luego es descontado del pago final.