Anuncio. El gobernador Axel Kicillof anunció nuevas plazas en las cárceles flanqueado por los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni. Consideró “aborrecible” la liberación de presos por delitos graves.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó ayer una medida cautelar y dejó en suspenso el habeas corpus colectivo dictado por la Cámara de Casación bonaerense que habilitaba las prisiones domiciliarias para los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. El máximo tribunal aceptó tratar el recurso de queja presentado por el fiscal general Carlos Altuve, aunque resta definir la cuestión de fondo, que se hará en los próximos días.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes judiciales deslizaron ante Ámbito Financiero que la Suprema Corte podría acotar los márgenes del fallo de Víctor Violini y así intentar zanjar la cuestión que disparó una polémica y enredó al ejecutivo provincial -que en este punto corre la misma suerte que el Nacional- con un guiño para aplacar la crisis desatada en el marco de la pandemia por el Covid-19. Por el momento, quedará sin efecto el trámite de aquellos pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones que se hayan solicitado a diferentes jueces en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la resolución del juez Violini. No así respecto a los pedidos que ya fueron resueltos cuando el habeas corpus estuvo vigente.
El gobernador Axel Kicillof hizo el anuncio sobre obras de refacción en 10 cárceles que dejarán para los próximos meses 1.350 nuevas plazas para alojar a detenidos. Una decisión que apuntó a descomprimir la tensión y a dar un mensaje a tropa propia. Dijo que le parecía “aborrecible” que salgan de prisión personas que cometieron delitos de gravedad. “Espero que estas situaciones que han generado miedo e inquietud en la sociedad se reviertan, pero eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial”, dijo.
A partir de esta decisión, la Corte pidió a la presidencia de Casación que remita el cuerpo principal del expediente y, luego de ello, le trasladará la posibilidad de opinar primero al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y después al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales, que pidieron el habeas corpus colectivo. Los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres decidieron aceptar el tratamiento del tema en virtud de la “gravedad institucional” que provocó el tema.
En ese sentido, aclararon que es una “postulación colectiva en el marco de la emergencia dispuesta como consecuencia de la pandemia del Covid-19” y que existe “preocupación con el dictado de normas para garantizar la atención de los asuntos urgentes y que no admitan demora desde sus inicios”. Luego de conocer la opinión del procurador general bonaerense y del Defensor ante Casación, a quienes les da un plazo de 24 horas a cada uno, el tribunal resolverá la cuestión de fondo, que es si avala las prisiones domiciliarias de manera colectiva, tal cual lo habilitaba el fallo de Violini.
“En los próximos meses se van a inaugurar 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, sostuvo Kicillof en conferencia de prensa flanqueado por el ministro de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni. “A nosotros nos competen las condiciones de detención, por eso presentamos este plan de infraestructura. Además, queremos reafirmar que la obligación del Poder Ejecutivo no es decidir libertades, ni prisiones domiciliarias, sino mejorar las condiciones de detención de quienes el Poder Judicial dispone que tienen que estar en situación de encierro”, concluyó el gobernador.
Las obras estaban paralizadas desde hace meses. Para reiniciarlas, la provincia tuvo que saldar una deuda de $350 millones con constructoras proveedoras del Estado y sumar una inversión por $800 millones. Por su parte, Alak recordó que “la situación de las cárceles bonaerenses es gravísima, con un nivel de sobrepoblación de aproximadamente un 110%”. La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas en unidades penitenciarias, pero en la actualidad conviven más de 50.000 internos.
En ese contexto, la Cámara Federal de La Plata dispuso ayer ratificar el rechazo a un habeas corpus para que todos los detenidos del penal de Ezeiza -bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal- accedieran a teléfonos celulares. El fallo firmado por César Álvarez, Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin avaló la decisión del juzgado federal de Lomas de Zamora y adujo que había medidas implementadas para intentar mitigar las restricciones de comunicación entre los internos y sus familias (como la compra de 14 mil tarjetas telefónicas) y apuntó al seguimiento en la implementación de videollamadas y la instalación de computadoras en el penal.
Dejá tu comentario