El Gobierno oficializó su decisión de suspender "los términos y plazos de contrato y pagos" a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que supervisaba el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), a la espera de una decisión oficial sobre las presuntas irregularidades denunciadas en el manejo de la operatoria.
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Lo hizo a través de la resolución 98/2012 de la Secretaría de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde también se instruye "a la Unidad Ejecutora del Proyecto, para que proceda a la revisión y análisis de la documentación respaldatoria".
Allí también se precisó que la dependencia "recibió un oficio judicial por parte del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 por el cual solicitó la remisión del expediente original por donde tramitó la licitación y contratación para el control de la tarjeta SUBE".
Además, indicó que "ha circulado públicamente información periodística vinculada a eventuales irregularidades en la contratación referida".
En consecuencia, subrayó que "atento a los hechos detallados precedentemente, se propicia la adopción de medidas de carácter preventivas y provisorias tendientes a llevar a cabo las verificaciones pertinentes por parte de la Unidad Ejecutora contratante".
También señaló que "considerando la evolución procesal de la referida causa penal, es necesario adoptar medidas tendientes a evitar una eventual afectación del interés público".
"Sin perjuicio del citado proceso penal en marcha, la divulgación que han tenido las eventuales irregularidades que habrían acaecido en el marco de ejecución del contrato de marras, adiciona fundamentos a la necesidad de proceder de acuerdo con las instrucciones impartidas por el ministro del Interior y Transporte (Florencio Randazzo), en nota de fecha 13 de julio de 2012, correspondiendo adoptar las medidas preventivas pertinentes y oportunas en resguardo del interés público comprometido", destacó la resolución.
El contrato suspendido había sido suscripto por el Estado y la UTE conformada por las firmas Global Infraestructure, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina (IATA) y González Fischer & Asociados.
Días atrás, Randazzo explicó que la medida es "preventiva", y que la decisión final la tendrá "la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación".
"Hemos hecho una evaluación con respecto al contrato. No somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente y lo hemos decidido con la Presidente una suspensión de la ejecución del contrato, como también los pagos a la empresa", señaló el ministro.
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