La ONU celebró la derogación del Decreto 70 sobre política migratoria dictado por el ex presidente Mauricio Macri y destacó el cumplimiento de la Constitución nacional sobre el ingreso de inmigrantes a la Argentina.
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Las autoridades nacionales indicaton en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".
La ONU celebró la derogación del Decreto 70 sobre política migratoria dictado por el ex presidente Mauricio Macri y destacó el cumplimiento de la Constitución nacional sobre el ingreso de inmigrantes a la Argentina.
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Macri había creado un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para impedir el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. Era una medida para agilizar los trámites de expulsión de los inmigrantes con antecedentes penales.
Pero a través del Decreto 138/2021 con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, se dejó sin efecto el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871, porque "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
La norma de Alberto restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".
La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.
El decreto derogado hoy "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas se citan "la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".
Sobre este punto señalan que "distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU "han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto".
En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio".
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