El recinto del Senado será hoy la antesala de una discusión que desde esta semana la oposición consiguió instalar en el Congreso: la reforma a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. En la sesión de hoy habrá planteos del radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo sobre el conflicto del campo y las negociaciones con el gobierno que anoche estaban lejos de avanzar, y el control del gobierno sobre la recaudación de las retenciones a exportaciones. Será sólo el comienzo de un debate que se iniciará formalmente mañana, cuando la Comisión de Coparticipación Federal lance el tratamiento de los proyectos de reforma a la ley que fija la distribución de impuestos entre Nación y las provincias.
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Mañana los senadores, presididos por la kirchnerista sanjuanina Marina Riofrío, comenzarán a analizar 10 proyectos de reformas al actual régimen, aunque tres de ellos tratan exclusivamente sobre cambios en el reparto de las retenciones a las exportaciones no sólo del agro, sino también de hidrocarburos, fondos que hoy van sólo a la Nación.
A ese debate en el Senado se sumará por afuera el macrismo con una propuesta propia para solucionar el conflicto de los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Al jefe de Gobierno porteño el debate le viene a medida para discutir no sólo los fondos para la Policía que le reclama a Cristina de Kirchner, sino también las diferencias que tiene por la Justicia.
En el Congreso ya trajeron a la memoria la propuesta que había presentado Aníbal Ibarra para transformar en puntos de coparticipación a los fondos que hoy insume mantener la seguridad en la Capital Federal. En los cálculos hay mucho para discutir: recién después de un acuerdo con Eduardo Duhalde, la Capital recibe 1,4% por la Coparticipación Federal de Impuestos, cuando aporta 25% de la masa coparticipable, además una suma fija de $ 153 millones en compensación por la transferencia de servicios educativos. Ese acuerdo modificó la ley actual (23,548) votada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín que la dejó afuera del reparto.
Lo curioso de esta discusión sobre la coparticipación de impuestos es que desde el gobierno no se ha intentado aún ningún cambio en el debate. La votación de una nueva ley parece un imposible desde 1994 cuando la reforma constitucional fijó un plazo de dos años (hasta diciembre de 1996) para que se dictara una nueva ley que rigiera las relaciones fiscales entre Nación y las provincias.
Ese plazo obviamente no se cumplió y el país siguió rigiéndose por la ley anterior más una larga lista de leyes y decretos que la «emparcharon» modificando la distribución de fondos con una complejidad que pocos hoy pueden desentrañar. Por eso se lo llama el «laberinto de la coparticipación», en el que muchos impuestos nacionales con asignación específica terminan controlados por la Nación, que cada vez derrama menos sobre las cuentas provinciales.
La reunión de la Comisión del Senado comenzará mañana a las 10.30 con una agenda que incluye un temario abierto sobre los distintos proyectos de reforma a la coparticipación. Ese cuerpo que hace un año que no se reúne deberá hacerlo ahora bajo la presión de las provincias que aprovecharon el conflicto con el campo por la suba y fijación de retenciones móviles, para volver sobre las inequidades en el reparto de esos impuestos. El problema para el campo es que si las retenciones se vuelven coparticipables, será imposible luego levantarlas.
En realidad, el campo es sólo la excusa ya que todos los gobernadores que en voz alta o en privado reclaman por la distribución de los impuestos nacionales lo hacen en un panorama donde la deuda y las finanzas en muchas provincias volvieron a complicarse y los superávits que en algún momento exhibieron ya comenzaron a desaparecer.
Frente a ese escenario no sólo reclaman rediscutir los impuestos que cobra la Nación, sino también los criterios de distribución de obras públicas que el gobierno hace en las provincias con fondos que hoy no pasan por la masa coparticipable.
A ese coro se sumarán algunos oficialistas, como el santafesino Carlos Reutemann -que criticó abiertamente las retenciones al agro-, el puntano Adolfo Rodríguez Saá y hasta Carlos Menem, que tiene un proyecto propio de reforma a la Ley de Coparticipación, aunque durante su gobierno ése fue un tema vetado en la agenda de discusión.
Más que un avance, sería un milagro que el Senado esta vez consiguiera armar una discusión sobre la coparticipación federal. En un esquema de suma cero, como el que se deberá debatir para el reparto de fondos, tanto Nación como provincias rechazan ceder terreno, y la propuesta de la oposición de trabajar sobre los excedentes de recaudación que maneja la Casa Rosada arbitrariamente tampoco parece ser una salida.
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