La Justicia ordenó al Ministerio de Economía entregar la información reclamada por los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre el derrotero que siguió dentro de esa cartera el intento de pago de casi $ 600 millones al ex Grupo Greco, que el gobierno intentó realizara fines de 2006. Ese pago fue incorporado, sin mencionar el destino, en un proyecto de ampliación de la autorización de emisión de bonos, donde se explicaba su destino alegando sólo la necesidad de cancelar pagos a proveedores, pero nunca llegó a realizarse porque la oposición frenó el proyecto en medio de uno de los escándalos más fuertes que debió enfrentar el gobierno de Néstor Kirchner.
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Ante la falta de respuesta de Felisa Miceli en su momento, y en sucesivas ocasiones de otros funcionarios del Ejecutivo, Morales y Sanz se presentaron a la Justicia reclamando la información sobre las investigaciones que se llevaron adelante en el ministerio utilizando el decreto 1172 de Acceso a la Información Pública.
La decisión fue tomada por la sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar finalmente a ese pedido, después de que el primer fallo fuera apelado.
Es el primer pronunciamiento judicial a nivel Cámara de Apelaciones que obliga al Estado a informar sobre sus acciones de gobierno, en el marco de ese decreto dictado al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner en 2003.
En los fundamentos del fallo, los jueces Jorge Morán, Pablo Gallegos, Jorge Alemany y Mariano Tozzi, señalaron que son incompletas las respuestas dadas por el Ministerio de Economía, tanto el 5 de marzo pasado, como las contenidas en el informe de gestión número 70, que la Jefatura de Gabinete presentó en el Congreso, por lo que impuso un plazo de diez días a Economía para que cumpla con este fallo. Así Miguel Peirano deberá responder ahora por el silencio que mantuvo Miceli frente a este escándalo.
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