El Senado aprobó anoche el Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),que garantiza la igualdadde oportunidades para la mujer, pero que es fuertemente resistido por el Episcopado.
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El protocolo es un tratado de derechos humanos cuyo fin es colaborar con los Estados para garantizar la efectiva protección del derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, pero desde la Iglesia Católica creen que es el primer paso para despenalizar todas las formas de aborto.
Ocurre que con la ratificación de este Protocolo Facultativo, los Estados ponen al alcance de las mujeres la posibilidad de recurrir internacionalmente para garantizarsu derecho a no sufrir discriminación cuando los recursos nacionales no sean efectivos. El protocolo se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 y ya ha sido ratificado incondicionalmente por 82 países de todo el mundo, incluidos todos los del Mercosur con la única salvedad de la Argentina.
Pedido
Tras la reforma de 1994 se ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención. Sin embargo, el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, pidió a los senadores que no ratifiquen ese instrumento porque, según él, el comité de aplicación no es más que el «refugio de ideólogos abortistas» y advirtió que acceder a sus recomendaciones implicaría que la Argentina habrá «dejado de ser un país soberano, para someterse genuflexamente a los caprichos de un grupúsculo ideologizado, de origen transnacional». También reclamó una revisión del articulado de esa norma para demostrar a la sociedad que «no se trata del ciego acatamiento, de una orden ' secreta' bajada de la Presidencia de la Nación».
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