Otro show de la Carrió: ahora, con las privatizadas

Los datos suministrados por la legisladora fueron considerados como «falsos» o «distorsionados» en algunas privatizadas, pero no hubo preocupación especial por el informe de Carrió. Se lo interpretó como un hecho más de la campaña de varios legisladores y políticos para «demonizar» a las empresas.

Según Carrió, deben revisarse los contratos porque «conllevan muchas cláusulas ilegales» y deben rescindirse aquellos en los que se detecten incumplimientos. Según sus cálculos, el ajuste a las tarifas finales de las variaciones de precios en Estados Unidos supuso una «apropiación ilegal» de 9.000 millones de dólares, que «debe ser devuelto a los usuarios mediante una reducción tarifaria».

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Curiosamente, en el momento de formular propuestas, Carrió fue más cautelosa que algunos legisladores del oficialismo y propuso una modificación en los criterios para fijar tarifas que favorezca a las familias de menor poder adquisitivo y la prohibición del corte de los servicios a los hogares que se encuentren por debajo de la «línea de pobreza».