Pablo Moyano, uno de los líderes del Sindicato de Choferes de Camiones, desmintió de forma categórica haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en torno a la estatización del sistema de grúas y remolques en la Ciudad de Buenos Aires, y volvió a advertir sobre una posible movilización frente a la Legislatura porteña para el próximo jueves.
El conflicto surgió después de que el Ejecutivo capitalino anunciara la suspensión de los contratos con las empresas privadas Dakota y BRD, en medio de un escándalo de irregularidades denunciadas por la oposición: las licitaciones estaban vencidas desde el 2001 y se fueron prorrogando, pagando un canon mensual excesivamente bajo, de 55.000 pesos mensuales. Frente a ello, la administración de Larreta anunció que el Estado se haría cargo del servicio.
Sin embargo, Moyano advirtió que el traspaso de los 500 trabajadores -afiliados a su sindicato- hacia la empresa estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), significaría una reducción salarial y la pérdida de muchos beneficios laborales, porque quedarían excluidos del convenio colectivo de los camioneros.
Moyano dice que "se debe respetar el convenio colectivo de trabajo camionero"
En los últimos días, Moyano había anunciado una manifestación frente al Poder Legislativo de la capital argentina, sin embargo, no se concretó. A raíz de ello, trascendió que se habría logrado un acuerdo entre ambas partes del conflicto. Sin embargo, el sindicalista rechazó esta versión y este viernes anunció otra movilización en caso de que no se resuelva el problema en los próximos días.
"Desmiento de forma categórica algunas versiones periodísticas según las cuales el sindicato y el Ejecutivo de la ciudad alcanzaron un acuerdo. Aún no hay nada y se aguardan definiciones. Los trabajadores de grúas y remolques de esas empresas deben ser trasladados a otra compañía hasta que se convoque a nueva licitación", sostuvo en un documento.
"Se debe respetar el convenio colectivo de trabajo camionero 40/89 y, de forma previa, tienen que ser indemnizados", exigió el dirigente gremial, aclarando que el promedio de antigüedad de los trabajadores es de 25 años.
"El gremio emplazó al Ejecutivo de la ciudad a hallar una solución hasta el miércoles o jueves próximo. De lo contrario, se adoptarán las medidas correspondientes. Aún no hubo acuerdo", remarcó.
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