La Ciudad sumó nuevas competencias penales tras un acuerdo con el Gobierno

Los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri firmaron dos convenios para ampliar las facultades de la Justicia porteña. Los acuerdos deberán ser ratificados por el Congreso y la Legislatura.

Los ministros de Justicia de la Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno y la administración porteña firmaron este jueves dos convenios para avanzar en la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Los acuerdos fueron rubricados por los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de la Ciudad, Gabino Tapia, y contemplan el traspaso de nuevos delitos al ámbito de la Justicia porteña, además de ampliar su competencia en materia penal juvenil.

Se trata del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales desde la Nación hacia la Ciudad y de un acuerdo específico para el fuero penal de menores. Es la primera transferencia de este tipo durante la actual gestión nacional y se suma al convenio firmado en febrero para el traspaso de competencias en materia laboral.

La Justicia porteña sumará delitos a su órbita y ampliará su competencia sobre menores

A partir de estos acuerdos, la Justicia de la Ciudad pasará a intervenir en delitos contra el honor, como calumnias e injurias; delitos contra la integridad sexual, entre ellos abuso sexual, corrupción de menores y explotación de la prostitución; delitos contra la libertad, como privación ilegítima de la libertad, secuestros y amenazas; además de causas vinculadas con la propiedad intelectual, la seguridad del tránsito, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre.

El convenio también amplía la competencia de la Justicia porteña sobre los delitos cometidos por menores de edad. De esta manera, la Ciudad pasará a intervenir en todos los delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años y también en los casos que involucren a menores de 14 años, para los que la legislación prevé una intervención de carácter tutelar.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida representa un nuevo avance en el proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, iniciado con la reforma constitucional de 1994, al permitir que la Justicia local asuma competencias que hasta ahora permanecían bajo la órbita nacional.

Los convenios deberán ser ratificados por el Congreso de la Nación y por la Legislatura porteña para entrar en vigencia. Además, será necesario suscribir acuerdos complementarios vinculados con la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios y materiales necesarios para implementar las nuevas competencias.