El gobierno de Tabaré Vázquez comenzó a moverse públicamente en la preparación de la estrategia que llevará el 18 de abril a Madrid, en la reunión organizada por el rey Juan Carlos de España por el conflicto de las pasteras de Fray Bentos. Para confirmar que la posición de Uruguay no variará en el encuentro europeo, el país vecino reiteró, a través de un comunicado oficial que llegó a la Cancillería argentina, que para avanzar en el dialogo «es necesaria la adopción de medidas para garantizar la libre circulación en la frontera, ante una nueva ofensiva de bloqueos por parte de activistas argentinos en protesta por la construcción de una planta de celulosa».
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En la nota diplomática, el gobierno uruguayo señaló que insistió en su reclamo para «evitar que se siga violando el principio de libre circulación de vehículos y de bienes consagrado en el Tratado de Asunción y en diversas normas del derecho internacional».
Luego, y en otro comunicado (esta vez, emitido para la prensa del país vecino), el gobierno uruguayo dijo que «frente a la prolongada y reiterada omisión del gobierno argentino, Uruguay le ha recordado una vez más que ello constituye un agravante para la solución del diferendo que se encuentra en curso, por iniciativa argentina, en el seno de la Corte Internacional de Justicia».
El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Reinaldo Gargano, argumentó la remisión de la carta a «los graves perjuicios ocasionados tanto a ciudadanos argentinos como a la población y a la economía uruguaya por este bloqueo de puentes». Advirtió asimismo «inexistencia de control estatal sobre esas áreas del territorio argentino» y alarma «por haber constatado que los grupos de ciudadanos que practican los cortes han asumido reiteradamente las funciones que corresponderían a las autoridades argentinas, en lo que respecta a otorgar o denegar el permiso de entrada al país».
En realidad, tanto la carta de protesta enviada a Buenos Aires como la nota presentada al público uruguayo, están dentro de la estrategia que el gobierno de Vázquez quiere implementar para las reuniones de Madrid del 18 al 20 de abril. La posición es sostener que no puede haber negociaciones de ningún tipo mientras haya cortes de rutas. Mientras tanto, la planta de Botnia continúa levantándose y para fines de agosto estará en pleno funcionamiento. Como la posición de la Argentina continúa siendo la relocalización de la planta, la posibilidad a priori de avances serios en ese encuentro en la capital europea es hoy más que lejana. De hecho, la decisión personal de Néstor Kirchner de integrar al equipo negociador (que encabezarán el canciller Jorge Taiana y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández) al gobernador entrerriano electo, Sergio Uribarri, implica un endurecimiento de la posición argentina.
El reemplazante de Jorge Busti hizo toda su campaña bajo el slogan de exigir sí o sí la relocalización de Botnia, con lo que su rol en las discusiones de Madrid debería ser la más irreductible de todas las que llevarán los representantes de la Argentina.
El lunes, Gargano había reiterado que «Botnia no se relocaliza», ya que es «es materialmente imposible después de haber cumplido todas las etapas de autorización y gestión y de haber instalado la comisión de seguimiento».
Por otra parte, ayer la Prefectura de Uruguay elevó a la Justicia de Fray Bentos una carpeta con los peritajes realizados a un conjunto de obstáculos hallados en el río Uruguay y que podría tratarse de un sabotaje a la navegación sobre ese cauce derivado el conflicto de las papeleras.
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