Los senadores provinciales aprobaron hoy la Ley de la Madera, que prohíbe que las empresas entrerrianas vendan madera en rollizos o chips a las industrias radicadas en Uruguay.
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El proyecto de ley estaba en revisión de la Cámara de Diputados, con media sanción en el expediente número 15.927 y fue aprobado por amplia mayoría de sus integrantes.
Declara que la venta de rollizos (madera sin procesos industriales) y chips (fraccionada para facilitar y abaratar el transporte) para la exportación como materia prima a empresas de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, "lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y 5 de la provincial".
"Con la finalidad de preservar los derechos ciudadanos a un ambiente sano, no se permitirá a las empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a industrias establecidas en Uruguay, cuya finalidad es la producción de pasta celulósica con procesos químicos o semiquímicos", sostiene la ley en su artículo 2.
Asimismo prohíbe "el ingreso a la jurisdicción provincial de rollizos o chips de madera transportada con destino a dichas industrias".
Y sostiene que "la madera proveniente de plantaciones o forestaciones ubicadas en el territorio provincial no podrá salir de la jurisdicción provincial sin previo procesamiento y/o transformación que le genere valor agregado".
Aunque de esta restricción queda exceptuada "la madera con destino a plantas industriales instaladas en otras jurisdicciones cuyos responsables demuestren fehacientemente la transformación de la misma en tales establecimientos, y la que se emplee para tijeras, estacas y rodrigones".
"A efectos de posibilitar que se le agregue valor a la madera en la provincia se procurará incentivar la radicación de nuevas industrias, así como el apoyo a la modernización de las existentes", señala también la ley.
Y establece penalidades para quienes no obedezcan a los artículos anteriores, tales como el "decomiso"; la "clausura temporal o definitiva de los establecimientos forestales, extractivos, comerciales y de transporte"; y "multas por el valor de cinco mil a 50 mil litros de nafta súper".
En este marco establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, organismo que actuará en coordinación con la cartera de Producción y podrá solicitar el auxilio de la policía para el cumplimiento de sus obligaciones y requerir mandatos judiciales al efecto.
Luego de las exposiciones de los senadores Julio Majul, Luis Alberto Luna, Juan Ramón Fleitas y Héctor José Strassera, a escasos minutos de las 13:00, se puso a consideración el proyecto de ley, que recibió una votación afirmativa de ocho contra tres.
Según se sostuvo en los fundamentos de la ley, la idea de los senadores está orientada hacia un doble propósito: "Por un lado que Entre Ríos no sea proveedor de materia prima de ese tipo de empresas -por las celulosas- y por el otro lograr incrementar la incorporación de valor agregado para el sector maderero provincial".
Reconocieron que para su mejor aplicación resultaría necesaria una norma nacional, y por ende sancionada por el Congreso Nacional, en atención a que están en juego el Código de Comercio y el Código Aduanero, dispositivos ambos de jurisdicción federal", explicaron.
Pero remarcaron: "Sin embargo, ante la inacción de las autoridades del gobierno central, se impone un análisis severo que lleve a que se articule una norma provincial que atienda el dominio de los recursos naturales del que habla la Constitución Nacional".
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