Montevideo (AFP) - Uruguay debate sobre defensa y la instrucción militar de sus ciudadanos tras conocerse una nueva doctrina de las fuerzas armadas argentinas para defender el Acuífero Guaraní ante eventuales conflictos, y en el marco de denuncias sobre una carrera armamentista regional.
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Un anteproyecto de reforma de defensa, remitido por el gobierno a la bancada de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio (FA), «visualiza la defensa de los recursos naturales», dijo el senador Jorge Saravia, del Movimiento de Participación Popular (MPP), ex tupamaros y principal sector del FA.
El documento declara «el servicio y la instrucción militar de carácter voluntario» y «entendemos que hay que dar una definición más clara» dentro de la nueva estrategia, pues «la defensa es un deber y un derecho de todo ciudadano», añadió el senador.
Pero el tema de la instrucción militar de civiles genera discusiones en el seno del FA, con posturas a favor de que ello sea obligatorio, otros de que sea voluntario y otros que descartan de plano la posibilidad.
En tanto, el Partido Nacional (PN), principal de oposición, rechaza la instrucción militar de civiles. El diputado Javier García, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, dijo que impulsa la derogación de una ley de 1940 que habilita esa instrucción para casos de conflicto.
«Es demencial, es una locura», insistió García, y se preguntó si «el gobierno uruguayo está pensando que puede haber una guerra» o si Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes y 176.215 km², ubicado entre la Argentina y Brasil, «tiene que entrar en la locura armamentista de la región».
«Eso sería un profundo error», aseveró, e indicó que «el diferencial de Uruguay no son las armas, parece obvio, sino el apego al Derecho Internacional».
Hipótesis
El debate se produce tras conocerse un documento del ejército argentino que plantea para 2025 como hipótesis de conflicto bélico la defensa de los recursos naturales, en especial las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní, sobre el cual se ubican la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que junto a Venezuela integran el Mercosur.
Ante esa hipótesis, la nueva doctrina argentina plantea un esquema de defensa que implica la participación de la sociedad civil ante un eventual conflicto armado.
Saravia indicó que Uruguay comparte esa hipótesis de conflicto. «La doctrina es la misma. Hay que discutir esto entre los cuatro países», porque el planteo argentino «es para sí mismo.»
Para Uruguay, «el poder de disuación se genera en base a una guerrilla» porque no tiene el tamaño ni los medios para hacerlo de otra forma, indicó.
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