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23 de enero 2006 - 00:00

Papeleras: Uruguay rechazó plan para modificar las plantas

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Greenpace reclamó que se utilice tecnología Totalmente Libre de Cloro (TCF), método que cuenta con alternativas como oxígeno o peróxido de hidrógeno, y elimina por completo el uso de cloro, aunque incrementa los costos de producción.

En las últimas horas trascendió que el gobierno argentino
puede flexibilizar su posición contraria a las plantas, si se aprueba el cambio de tecnología que propone la organización ecologista.
   
Igorra dijo que "Greenpeace le está reclamando a Uruguay lo
que no le reclama a Argentina ni a Brasil", y sostuvo que
la modificación del proceso de producción de papel resulta "una imposición económica".
   
El viceministro manifestó que "si Greenpeace consigue una
legislación internacional para que todos los países produzcan papel en iguales condiciones, se podría modificar el proceso".
   
El martes, un grupo de activistas de Greenpeace llegó
hasta el muelle de Botnia e interrumpió las operaciones hasta que fueron detenidos por Prefectura Naval uruguaya.
   
Los miembros del grupo quedaron rápidamente en libertad
porque la empresa no presentó denuncias en su contra.
   
Posteriormente, la organización ambientalista bloqueó en
territorio argentino camiones que transportaban estructuras
metálicas y otros elementos para la planta de celulosa, cuyo funcionamiento, según sostienen, producirá daños ambientales gravísimos.
   
Medios de prensa de Argentina y Uruguay informaron hoy que en los próximos días se desarrollará una reunión clave en busca de una solución al conflicto que mantienen ambos países por la construcción de las plantas.
   
Según las informaciones, el presidente argentino, Néstor
Kirchner, intervendrá directamente en la crisis y recibirá al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, uno de los más firmes opositores a los proyectos.
   
Para el gobierno argentino la construcción de las fábricas en Fray Bentos, sobre la costa oriental del Río Uruguay y frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, provocará trastornos al medio ambiente en esa localidad y zonas aledañas.
   
El gobierno del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez,
considera que las empresas no serán contaminantes y ratificó en varias ocasiones la construcción de las plantas, pese a los reclamos de movimientos ambientalistas.

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