Para alarmarse: los sindicalistas avanzan con "reforma propia"

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, inició ayer con los "gordos" Hugo Moyano, Rodolfo Daer y Víctor De Gennaro el borrador del peligroso proyecto que el gobierno enviará al Congreso para reformar la ley laboral. Se aprovechóla convulsión por las presuntas coimas y harán retroceder al país, obvio. El escrito prevé, por caso, más representación sindical. Lo bueno: es probable una rebaja de aportes patronales para las pymes de hasta 40 empleados. Muy poco. Tradicionalmente, lo grave se torna gravísimo en este tipo de proyectos en el Congreso con la picardía de legisladores sindicales.

«Hay consenso para acordar la nueva legislación laboral, para permitir la continuidad de las convenciones colectivas de trabajo y la derogación de las leyes y decretos de la llamada flexibilización laboral», señalaron ayer representantes de las tres centrales sindicales tras reunirse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Fue en el marco de las conversaciones que iniciaron ayer la CGT oficial ( Rodolfo Daer), la CGT disidente ( Hugo Moyano) y la CTA ( Víctor De Gennaro) con Tomada para llegar a un acuerdo en la derogación de la ley de reforma laboral.

Según trascendió, los líderes de las centrales obreras se reunirán con el ministro de Trabajo para terminar de acordar los términos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que será tratado en febrero en sesiones extraordinarias del Congreso.

Entre los puntos sobre los que ya habría un principio de acuerdo figuran que «la indemnización mínima por despido no podrá ser menor a dos meses de salarios; el período de prueba no será superior a tres meses, pero deberá tener un mes de preaviso y que regirá la norma más favorable por instituto (entre un convenio de empresa y uno de gremio, se preferirá el más favorable para el trabajador).

• Primera etapa

Otro de los acuerdos emanados de la reunión es «entender a esta iniciativa como una «primera etapa», que retrotraería la legislación al estado en que se encontraba en octubre de 1998 y continuaría luego con una «segunda etapa, que alcanzaría a revisar toda la legislación instalada desde 1989 y aun la impuesta durante la dictadura militar entre 1976 y 1982».

Participaron del encuentro los abogados laboralistas Alberto Tomassone (CGT oficial), Héctor Recalde (CGT disidente) y Horacio Meguira (CTA), con el «objetivo de acompañar al gobierno» para la derogación de la llamada ley Banelco y la implementación de una nueva reforma laboral, que mantendría no obstante la derogación de cuatro leyes (las 16.936, 18.608, 18.692 y 20.638) y dos decretos (los 2.184/90 y 470/93) que ya había anulado la objetada Ley 25.250. El martes pasado, Rodolfo Daer se reunió con Tomada y ayer fue el turno de Recalde, quien reconoció a la salida de la reunión que «aún existen diferencias, pero no son insalvables».

Las diferencias que aún persisten entre las tres centrales se refieren a la aprobación de los convenios colectivos por parte de los cuerpos deliberativos -es decir, que no sean sólo las entidades madre las que decidan la aprobación o no de un convenio- y la participación en esos acuerdos de la entidades simplemente inscriptas.

Existe todavía cerca de una decena de objeciones a los casi 40 artículos del proyecto de ley, pero las fuentes de las tres centrales obreras confiaron que en la próxima semana podrían quedar resueltas.

• Estímulo

De todos modos, desde el Congreso advertían que si las tres centrales sindicales (CGTMoyano, CGT-Daer y CTADe Gennaro) no logran un consenso, el bloque justicialista terciará en el análisis.

Alberto Tomassone, representante legal de la CGT oficial, bajó los decibeles del proyecto al señalar ayer que la reforma laboral puede «estimular» la generación de empleo», pero no garantizarla. Estimó que coincidirán con los empresarios «en lo que es el régimen de negociación colectiva».

Del proyecto de ley laboral entregado por el Ministerio de Trabajo a las tres centrales sindicales, se proyecta el retorno al régimen de indemnizaciones tradicional, de un mes por cada año trabajado. Tomassone evaluó, además, la posibilidad de eliminar los beneficios para las empresas que contraten personal, tal como establecía la antigua ley, y concluyó que probablemente este beneficio «quedaría circunscripto a la pequeña empresa, de menos de cuarenta trabajadores».

En ese sentido, resulta llamativo el planteo de rebajar aportes patronales a las pymes, porque el propio Ministerio de Trabajo afirmó un mes atrás, por medio de un estudio de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, a cargo de Marta Novick: «Sobre la base de la comparación internacional, puede afirmarse que las contribuciones patronales que pagan los empleadores en la Argentina se encuentran entre las más bajas» del mundo. Además, sostiene que «la reducción de las alícuotas patronales evidenciada en los '90 (15,2% entre 1991 y 2000), lejos de tener el impacto positivo sobre el mercado de trabajo, a las que muchas veces se la asocia, no ha impedido el significativo incremento de desempleo ni promovió la registración de asalariados, en cuanto el trabajo informal creció de manera sustancial, aun en aquellas regiones donde las mismas fueron mínimas».

Tomassone (CGT oficial) sostuvo que las diferencias con «los técnicos» de la CGT disidente en torno al proyecto oficial «son mínimas», mientras que con los asesores de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) pueden aparecer otros puntos de discusión porque «ellos tienen una postura muy especial en relación con el régimen de ley sindical».