Un desenlace, inesperado para el propio gobierno, le permitió a Néstor Kirchner lograr un alivio parcial en el conflicto con Uruguay por las pasteras. Ese es, en lo inmediato, el impacto concreto del fallo, con un contundente 14 a 1, de la Corte Internacional de La Haya que descartó la pretensión de Uruguay de considerar el bloqueo de los puentes fronterizos que realizan vecinos de Entre Ríos como una extorsión y un perjuicio. Más aún, el tribunal se consideró competente en el tema y no aceptó que hubiera daño económico por los cortes. Desde esa posición de fuerza relativa, Kirchner llamó ayer a Tabaré Vázquez a retomar el diálogo para encontrar una salida negociada y volvió, de modo lateral, a sugerir el traslado de la planta de Botnia, como ocurrió anteriormente con ENCE. Eufórico, el gobierno festejó -pero intentó disimularlo- el dictamen de La Haya que lo exime, por ahora, de tener que resolver el desafío que le plantean los asambleístas al desoír sus pedidos de que liberen las rutas.
En las calles de Gualeguaychú (foto) y en la ruta se festejó la decisión del tribunal.
En un fallo que sorprendió al gobierno y que hasta la madrugada de ayer permanecía en el silencio del pesimismo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló ayer en contra de la presentación de una medida cautelar por parte de Uruguay para que el Ejecutivo nacional esté obligado a liberar los puentes cortados por los manifestantes de Entre Ríos. Si bien el tribunal se declaró competente, la hipótesis de máxima del equipo argentino, los jueces de La Haya votaron 14 a 1 en contra del gobierno de Tabaré Vázquez, con lo que ahora Néstor Kirchner no está obligado a emprender ningún tipo de acción directa contra los vecinos de Entre Ríos, más allá de sostener sus declaraciones periódicas en contra de los bloqueos.
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El fallo fue escuchado por la representante de la República Argentina, Susana Ruiz Cerutti; el director del Servicio Exterior de la Nación, Horacio Basabe, y el embajador en los Países Bajos, Santos Goñi, quienes habían planteado entre el 18 y el 19 de diciembre pasado la posición nacional ante el tribunal. Ruiz Cerutti esperó a las 10.30 para comunicarse con Jorge Taiana, quien, una vez de regreso de su viaje por Nueva York, se comunicó con Néstor Kirchner para explicarle la novedad.
La presidenta de la Corte Internacional, la británica Rosalynn Higgins, comenzó ayer puntualmente a las 10 hora de La Haya (las 6 hora argentina) la lectura del texto donde se pronunciaría el tribunal. El equipo argentino esperaba un documento más complejo y largo que las tres páginas entregadas por la Corte, lo que determinó que ya a las 10.15, el fallo en contra de Uruguay fuera público. Diferente había sido la situación en junio pasado, cuando el perdedor había sido el lado argentino al rechazarse su solicitud de que la Corte pida la suspensión de la construcción de la planta de Botnia. En esa oportunidad, las explicaciones del tribunal demandaron una hora y media de explicaciones hasta que se conoció el fallo adverso. Ayer, sólo el juez ad hoc español propuesto por Uruguay para entender en la disputa por las papeleras, Santiago Torres Bernárdez, votó a favor del gobierno de Tabaré Vázquez.
La decisión de la Corte fue respaldada por Rosalyn Higgins (Reino Unido, presidenta del tribunal), Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania, vicepresidente), Raymond Ranjeva (Madagascar), Shi Jiuyong (China), Abdul G. Koroma (Sierra Leona), Thomas Buergenthal (Estados Unidos), Hisashi Owada (Japón), Bruno Simma (Alemania), Ronny Abraham (Francia), Kenneth Keith (Nueva Zelanda), Bernardo Sepúlveda Amor (México), Mohamed Bennouna (Marruecos), Leonid Skotnikov (Federación Rusa) y Raúl Vinuesa (juez ad hoc por la Argentina).
Con este fallo, la Corte mantiene la jurisprudencia que viene sosteniendo en las últimas décadas, y que habla de que sólo se hace lugar a pedidos de medidas cautelares cuando lo que está en juego es la vida de una persona o la violación directa y explícita de los derechos humanos. En los últimos años, una decisión de este tipo (que fue rechazada en el caso de la Argentina y Uruguay en el caso de las papeleras) fue abierta para dos reclamos en contra de los Estados Unidos por sendos condenados a muerte y para pedir el cese de fuego en la guerra de Kosovo.
Definiciones
Del texto del fallo se desprenden varias definiciones que tendrán que tenerse en cuenta cuando La Haya resuelva la cuestión de fondo:
La decisión del tribunal no avala los cortes, sino que no consideró que estas manifestaciones representen un peligro inminente para la economía de ese país o para la construcción de Botnia, que amerite hacer lugar a una medida cautelar.
Los cortes continúan así siendo un problema para la posición argentina, ya que en el fallo de junio del año pasado, cuando se rechazó el reclamo del gobierno nacional, se advirtió a los dos países que no efectuaran acciones que complicaranmás las cosas, incluyendolos bloqueos de Gualeguaychú.
La Corte se manifestó competente ante el tema de los cortes, con lo que no dio lugar a la presentación de la Argentina. Sí se manifestó incompetente en cuanto a la decisión de obligar al país a tomar medidas para cesar con esas manifestaciones y a determinar si hay daños en la economía uruguaya o en el proyecto de Botnia.
La Haya no se manifestó en ningún momento en el fallo de ayer sobre el caso de fondo, con lo cual no hay tendencia alguna que pueda desprenderse de él. Esto quiere decir que los planteos continúan y que ahora habrá que esperar a que el 20 de julio se conozca la presentación de la contraprueba uruguaya.
La tesis sobre la inconveniencia de que se multipliquen los cortes, por parte del gobierno argentino, continuará. Ante esto, la recomendación de la Cancillería al gobierno nacional es que no se permita que haya más bloqueos, ya que esto sería mal visto por el tribunal.
Según fuentes del gobierno argentino, aunque la gestión de Yáñez Barnuevo sea exitosa, no se retiraría el caso en La Haya, ya que el Ejecutivo quiere que el tribunal se expida sobre la violación del Tratado del Río Uruguay y sobre la potencial contaminación de ese río.
En mayo pasado, la Argentina presentó una denuncia ante la CIJ por la construcción en Fray Bentos de la planta de Botnia y otra de la empresa española ENCE, un proyecto que considera que infringe el Tratado del Río Uruguay que ambos países firmaron en 1975. En noviembre pasado, Uruguay planteó una reclamación ante el máximo órgano judicial de la ONU para que la Argentina garantice la libre circulación de personas y mercaderías entre los dos países.
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