El objetivo político de dotar al país de un sistema de radares militares necesarios para controlar el espacio aéreo comienza a parecerse a otros casos emblemáticos de inoperancia burocrática y corrupción como el de Yacyretá, el Sistema María de la Aduana y la informatización del Banco Nación. Ahora la interna entre funcionarios del gobierno de Cristina de Kirchner se asomó en el concurso público internacional y pone en riesgo la continuidad del proceso licitatorio.
El 20 de marzo pasado se cumplió un año desde la apertura de la licitación para equipar al país con un sistema de radares tridimensionales (3D) de vigilancia del espacio aéreo. El expediente para decidir la compra reposa en el escritorio del procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino. La demora plantea dudas en los oferentes acerca de si aún se mantienen los recursos presupuestarios para llevar adelante la licitación. Dos empresas participantes giraron la semana pasada sendos escritos al procurador, a la ministra de Defensa y al jefe de Gabinete exigiendo celeridad y transparencia en el proceso de selección. Y apuntaron que abandonarían el concurso internacional convocado por el gobierno el año pasado si se vulnera la letra del pliego. A semejanza de lo que aconteció a Carlos Menem con el Plan Nacional de Radarización, Cristina de Kirchner se encamina a lidiar con rivalidades internas en el gabinete por la compulsa de los radares. Los actores en juego son la ministra Nilda Garré, el procurador (ambos vienen de la gestión de Néstor Kirchner) y el jefe de Gabinete (único cristinista de la primera hora), quien tiene la última palabra para definir el entuerto legal.
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La paralización del trámite de adquisición de tres equipos radar tridimensionales en banda «S» de uso militar ocurrió porque Defensa sostiene que una de las empresas -Traktel SAestá capacitada para cotizar, contradiciendo el informe técnico de la Fuerza Aérea -organismo licitante-, que la había eliminado del concurso. Traktel en su descargo intentó demostrar que tiene una vinculación de «proveedor estratégico» con el conglomerado estadounidense Northrop, que es el verdadero fabricante del equipo. Letrados de Defensa con acceso a la licitación se preguntan por qué no se presentó Northrop en lugar de ofrecer sus productos por un intermediario local que complica el análisis de requisitos.
El concurso público tiene dos etapas: una de admisión de las empresas (quedó bloqueada) y la segunda, de calificación de los equipos y precio de la oferta. Como son radares militares cuyas especificaciones técnicas son secretas, sólo los que pasen la primera etapa recibirán la información específica de las prestaciones requeridas para los equipos. El contrato ronda los 50 millonesde dólares.
Contra el argumento del principio de concurrencia esgrimido por Garré (en rigor, el concepto jurídico pertenece al auditor del Ministerio: Héctor Tuja, quien recibió letra de su colaborador Esteban Rosa Alves) obra en el expediente una resolución de la propia ministra (MD, Nº 1.178/06) que dice: «Unicamente los oferentes que acrediten poseer la capacidad técnica de fabricar el objeto licitado como así también la capacidad económicafinanciera podrán acceder a las especificaciones técnicooperativas declaradas como secreto militar en la segunda etapa». Además, la Oficina Nacional de Contrataciones opinó en el proceso de calificación,y en el memorando del 31 de julio de 2007 dirigido al subsecretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, cita jurisprudencia de la Procuración del Tesoro ( Dictamen Nº 203:148): «La inadmisibilidad de la oferta en el trámite de licitación pública significa que las ofertas deben vincularse a las exigencias específicas del pliego, lo que significa su rechazo en caso contrario». Y concluye que si el organismo licitante consideró que Traktel no está dentro de los requerimientos del pliego, la propuesta de la firma deberá ser desestimada.
Lo que resuelva Guglielmino -sea a favor o en contra de la admisión de Traktel- debe ser confirmado luego por el jefe de Gabinete, última instancia en la contratación del Estado. Una cosa es segura: Fernández borrará de un plumazo cualquier indicio de escándalo por la vía de la anulación del concurso antes que exponer a la Presidente al parecido menemista o a la expulsión de algún funcionario por tráfico de influencias. Hay memoria reciente del episodio AFIP-Aduana. Los interesados en concretar la radarización militar son: el grupo franco-norteamericano Thales Raytheon Systems; la objetada Traktel SA, que dice ser representante de Northrop, y las empresas chinas CETC International Co. y CEIC.
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