La pelea que se desató en el Congreso, dentro y fuera del oficialismo, por el debate del proyecto de Cristina de Kirchner para ratificar la Resolución 125, que estableció las retenciones móviles, hizo ayer trabajar a tiempo completo a los asesores de todos los bloques para proponer alternativas que pasaron desde prorrogar por un año la entrada en vigencia de esa polémica decisión hasta hacer retomar al Congreso sus facultades en materia de aranceles a la exportación.
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Lo curioso es que muchas de esas opciones salieron tanto desde el oficialismo como de la oposición, en un intento por probar alternativas posibles a un debate que aún está lejos de solucionarse.
En la reunión que mantuvieron ayer Alberto Fernández, Agustín Rossi, Eduardo Fellner, Miguel Pichetto y José
Pampuro, los legisladores le dejaron claro al jefe de Gabinete que sería difícil reunir los votos para sancionar el proyecto oficial de ratificación de la Resolución 125 si no se incorporaba algún otro aditamento.
Surgió así la alternativa de incorporar como proyectos de ley todos los acuerdos entre el campo y el gobierno que fueron avanzando durante el conflicto en materia de leche, carnes y trigo. También modificaciones a las compensaciones y hasta en la Ley de Arrendamientos. Esa es la opción que hoy estudia el oficialismo.
Junto con esa opción y ante la posibilidad de un desastre, se llegó a pensar también en ofrecer a la oposición un proyecto de ley paralelo para suspender por un año la entrada en vigencia de la resolución polémica, algo que Néstor Kirchner rechaza de plano.
Como aditamento a ese punto, los kirchneristas moderados soñaban con negociar una tregua en los cruces verbales entre el campo y el gobierno para aplacar por unos días la ira del ex presidente y lograr así que acepte soluciones alternativas. Anoche, esta opción parecía destinada al fracaso.
El radical Juan Carlos Marino aportó otro punto de vista para complicar el conflicto:«El proyecto está mal redactado, ya que en su artículo 1º solicita la ratificación de la Resolución Nº 125, norma que se encuentra derogada por su posterior Nº 64, que estableció una retención para cada precio del grano que se trate y fijó en su artículo 7º la derogación de toda norma que se oponga a la Resolución Nº 64», dijo, explicando que solicitarle al Congreso la ratificación de una norma derogada era «una incoherencia».
Los radicales también denunciaron que el artículo 2 del proyecto oficial, al apelar al artículo 755 del Código Aduanero, consagra una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo que había sido derogada en la reforma constitucional de 1994, que en el artículo 75 ratificó la potestad absoluta del Congreso para decidir en materia tributaria, incluyendo los gravámenes sobre exportaciones.
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