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La posición del alto tribunal quedó expresada hoy en una acordada firmada por los jueces Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía, y Santiago Corcuera, que fue remitida a todos los magistrados federales con competencia electoral del país.
Con esta acordada, la Cámara Nacional Electoral pretende impulsar mecanismos que provean de seguridad a los padrones y evitar la intromisión de hackers en los centros de cómputos que manejarán la información oficial.
Para eso, la Cámara recomendó "ajustar los perfiles de los administradores y grupos de usuarios, delimitando los permisos de acceso" para que las bases de datos estén protegidas de manipulaciones ajenas al sector electoral.
Un estricto control de los nombres de usuario y claves de acceso al sistema; el resguardo de las claves y su cambio periódico; un alerta para la presencia de virus informáticos, son algunas de las premisas desarrolladas en la acordada.
La Cámara pidió además a los jueces y a la Dirección de Seguridad Informática "el nombre del responsable de la aplicación de las Políticas de Seguridad" que deberán instruirse en cada distrito.
Sostuvieron también que, para ponerse en práctica todas estas medidas, deberá consultarse a la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura.
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