El fiscal federal Diego Luciani denunció que la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti incumplió con la autorización para residir por trabajo en los Estados Unidos porque viajó a distintos países sin informarlo a la Justicia y pidió que se le quite ese beneficio y regrese a la Argentina.
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Picolotti está a la espera del juicio oral y público por administración fraudulenta de fondos públicos y desde el año pasado está residiendo en los Estados Unidos tras una autorización concedida por el Tribunal Oral Federal 6 para que pueda trabajar.
La exfuncionaria fue autorizada para residir en Miami para trabajar en el Institute for Governance and Sustainable Development y vive en una casa de valuada en casi medio millón de dólares en Palm Beach.
La autorización fue concedida el año pasado y luego se extendió una prórroga hasta diciembre de este año, pero la misma estaba sujeta a determinadas reglas de conducta que debía cumplir Picolotti caso contrario se le revoca el beneficio.
Picolotti tiene la obligación de presentarse todos los meses en el consulado de los Estados Unidos pero además ante cada ocasión que salía al exterior debía pedir autorización.
El fiscal Luciani, quien se opuso en dos oportunidades a otorgarle el beneficio a Picolotti, reclamó fotocopias de su pasaporte lo que fue aportado en los últimos días ante el Tribunal: se detectó que la exfuncionaria realizó viajes fuera de los Estados Unidos sin solicitar autorización previa.
Picolotti, según informaron fuentes judiciales a NA, viajó durante este año a Islandia, Marruecos, Grecia y Kenia sin haber solicitado autorización al Tribunal.
Ante ello, el fiscal consideró que incumplió una de las reglas que le había fijado el tribunal sumado a que en otros viajes que sí había sido autorizada realizó los mismos fuera de la fecha indicada.
Luciani aseguró que existe riesgo de fuga y pidió al Tribunal Oral que revoque el beneficio a Picolotti y regrese a nuestro país para ser juzgada por hechos de corrupción.
La exsecretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, fue acusada por una infinidad de gastos durante su gestión, entre ellos varios vuelos privados que no pudo justificar pese a que argumentó que tuvieron relación con la tarea que llevaba adelante.
Entre los gastos analizados por la jueza María Servini de Cubría están la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal.
También se la acusa por una gran cantidad de vuelos aéreos privados que contrató para ella y su familia y, si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la jueza señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.
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