El fiscal federal Federico Delgado solicitó que se eleve a juicio oral y público la causa en la que el represor Jorge Rafael Videla está procesado por decenas de homicidios agravados y alrededor de seis centenares de secuestros y tormentos durante la última dictadura militar.
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En un dictamen de 114 carillas, el representante del ministerio público afirmó que Videla tenía "poder de decisión para impartir órdenes criminales" desde su función de Comandante en Jefe del Ejército Argentino que ocupó entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978.
"No se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder", sostuvo el fiscal.
Delgado enfatizó que el "objetivo real" del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" era "desatar una feroz represión tendiente a despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto" y que, para ello, se valieron de crueles métodos.
El fiscal responsabilizó al ex dictador por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo"; "El Vesubio"; "Automotores Orletti"; "Sheraton"; "Policlínico Posadas y el Chalet", entre otros.
Videla, de 84 años y con múltiples procesamientos por otras causas, también fue responsabilizado por los delitos cometidos, con el "alegado propósito de reprimir a la subversión", en la Subzona 14, La Pampa; todos ellos "sometidos operacionalmente" al Primer Cuerpo de Ejército, con lo cual queda "virtualmente terminada" la instrucción sobre los episodios ocurridos en esa jurisdicción, dijeron las fuentes.
"La práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror", afirmó Delgado y explicó que "al apelar a diversos métodos -que no se reducían al uso de instrumentos emblemáticos de suplicios-, los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".
En esa línea sostuvo que "al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos".
Tras un exhaustivo detalle de cada uno de los hechos que le imputa al represor y sus víctimas, el representante del ministerio público afirma que "de acuerdo con los testimonios reunidos, prueba documental y demás elementos, hemos probado que el acusado fue la cabeza de la faz penal de la dimensión del plan criminal".
"Es decir, que detentó el dominio de todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen" enfatizó tras señalar que estos nuevos hechos son independientes de aquellos por los cuales el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal lo condenó a reclusión perpetua en la histórica "causa 13" como se conoció al juicio a las juntas militares.
"En este marco, los centros clandestinos de detención representaron un enclave fundamental del terror -visto como herramienta de poder (coercitivo) 'normalizadora'- atendiendo a que, más allá de los rasgos particulares de los actores, todos fueron piezas claves en la conformación de un ambiente, en sí mismo brutal e inhumano, que debía cumplir una determinada finalidad", indicó el fiscal.
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