ón de Presupuesto de la Cámara de Diputados trató ayer, en la previa del debate sobre Ganancias, la declaración de la emergencia social pedida por los piqueteros vaticanos junto a sindicatos y a la oposición parlamentaria. Como el oficialismo llegó a un acuerdo la semana pasada con estos sectores, el proyecto obtuvo dictamen de mayoría correspondiente y será aprobado el martes próximo.
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De esta manera, la Navidad se anticipará para los piqueteros, ya que el acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por un monto $30.000 millones hasta fines de 2019, a través de reasignaciones presupuestarias autorizadas que tendrá el jefe de Gabinete.
Pese a la millonada que entregará Casa Rosada, el oficialismo al menos festejó el freno al proyecto que venía del Senado: el texto impulsado por los legisladores Juan Manuel Abal Medina (FpV) y Jaime Linares (GEN), entre otros, imponía la creación de un millón de puestos de trabajo.
Si bien esa iniciativa proponía a Diputados crear impuestos para solventar gastos, el millón de empleos excedía cualquier posibilidad de recaudación, por lo que el Estado hubiese sido el encargado de tapar un agujero fiscal de al menos $50.000 millones.
La consensuada propuesta que votará Diputados dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", un buró que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar en salario mínimo vital y móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", aseguró el diputado del Movimiento Evita y exultra K Leonardo Grosso, uno de los legisladores que empujó el tratamiento de la emergencia hasta 2019.
Por su parte, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, expresó que "en la sociedad moderna no se le puede garantizar trabajo a todos", y que la alternativa obligada es que el Estado "garantice a todos un piso mínimo de derechos y de libertades ciudadanas". El acuerdo fue criticado en los últimos días por piqueteros silvestres -referenciados en el kirchnerismo-, quienes activaron cortes y marchas que generaron caos de tránsito.
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