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Esto es lo que advirtió el alto mando del PJ que se congregó el martes en Córdoba. Eduardo Camaño había llevado hasta allí una propuesta para la inestable situación en que se encuentra el peronismo porteño. La idea era formar una comisión para que se reforme la carta orgánica del PJ, incluyendo algunas novedades: la caducidad de todas las afiliaciones, el establecimiento del sistema D'Hont para las candidaturas electivas (sustituiría al de mayoría y minoría), impedir que se puedan afiliar quienes tengan procesamientos pendientes en la Justicia.
Ayer llegó la respuesta para la inquietud de Camaño: 38 consejeros del partido, identificados con Alberto Fernández y sus aliados del sindicato de encargados de edificios (lo que el vulgo llama «porteros»), renunciaron junto con sus respectivos suplentes, dejando al Consejo que preside Toma sin quórum delante de la Justicia electoral. Anoche se desarrollaba una pelea casi policial, en la cual uno de esos dimitentes aducía haber actuado bajo presión del gobierno, por lo cual con la operación corría riesgos formales.
Kirchner y Duhalde tenían medianamente acordada una tregua porteña que establecería al frente del PJ una comisión de acción política, como la que rigió hasta ahora en el partido a nivel nacional. Ese pacto es sólo el capítulo metropolitano de una conciliación mayor, que incluyó la renuncia del kirchnerismo a armar una estructura propia en la provincia de Buenos Aires, agresiva para los seguidores del ex mandatario. Aníbal Fernández, el ministro del Interior, es la primera víctima de este pacifismo: debió suspender el lanzamiento de su candidatura a gobernador bonaerense sin que, desde la otra banda, interrumpan la cadena de agresiones que le tienen dedicada, como los escraches en su casa de Quilmes, donde le atribuyen hasta los baches que no cubre el intendente de la localidad, su discípulo (o «punto», en el dialecto de la zona). La letra chica porteña de este convenio es lo que falló, otra vez.
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