Polémica y legalmente frágil

El mecanismo de ley de lemas se usa en cinco provincias argentinas y ganó celebridad por su aplicación en el Uruguay. Se aplica en sistemas donde hay partidos grandes, pero con mucha fragmentación interna. Habilita a que cada fuerza política se identifique con un «lema» y cada agrupación interna con un «sublema». Estos sublemas concurren a la elección general sin interna previa, y el que más votos obtiene, suma todos los sufragios de los demás sublemas de su partido, como propios.

En la Argentina se llegó a aplicar desde 1983 en más de diez provincias y permitió, que el peronismo muy dividido en algunas de ellas, ganase gobernaciones pese a que sus candidatos obtuvieron menos votos que los de otros partidos.

El caso emblemático fue Santa Fe, donde Carlos Reutemann y Jorge Obeid, por ley de lemas fueron elegidos pese a haberles ganado en votos el radical Horacio Usandizaga. Allí sigue vigente esta ley, con una reforma reciente que ha recibido muchas críticas, ya que le permite sumar sublemas a los partidos, pero no a las alianzas, algo que la oposición al peronismo ha criticado por discriminatorio de frentes electorales con larga tradición.

En las provincias donde se eliminó, se criticó siempre que la ley de lemas producía un desvío de la voluntad del votante que malversa la intención originaria.

La ley de lemas, tiene desde la reforma constitucional nacional de 1994 otro impedimento: la elección por lemas termina siendo indirecta, cuando la Carta Magna dice que debe ser directa y sin el tradicional Colegio Electoral, ya derogado.

Por eso, el proyecto de Miguel Saredi, dice expresamente que «a las fórmulas de los lemas más votados, resultantes del artículo anterior, corresponderá la aplicación de los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional», es decir que deberán medirse en cuanto a porcentaje de votos por si deben ir a ballottage.

Saredi admitió, en diálogo con este diario, que este punto puede ser controvertido pero lo es, dijo, como aceptarle una renuncia anticipada al Presidente.

La propuesta de una ley de lemas nacional comenzó a mane-jarse a través de un proyecto del cordobés Eduardo Di Cola en las postrimerías del gobierno de Fernando de la Rúa.

Cuando se produjo la caída de este presidente, el diputado peronista Gerardo Conte Grand presentó una versión más adaptada a la Constitución actual pero la Asamblea Legislativa la descartó en favor de otra más ortodoxa que hubiera debido usarse en marzo pasado, en la elección a la que nunca convocó Adolfo Rodríguez Saá. Esa versión la había impuesto José Manuel de la Sota, y redactado Juan Carlos Maqueda. Recibió el aval de los constitucionalistas Alberto García Lema (de consulta obligada por el tema del lema), Héctor Masnatta y Jorge Vanossi. Duró poco: la aprobó el 22 de diciembre la Asamblea que designó a Rodríguez Saá y se derogó cuando, una semana más tarde, la misma asamblea nombró a Duhalde.

A mediados de año apareció otro proyecto, que ayer discutió Duhalde en Olivos con el propio autor, el senador por el Chaco Jorge Capitanich. Está a consideración de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta e introduce una singularidad: declara por ley una emergencia político y electoral que intenta eludir los reproches constitucionales, siempre por esta única vez.