Políticos locales condenaron el cierre de la Asamblea en Venezuela

Política

Políticos argentinos repudiaron el cierre de la Asamblea de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia y llamaron a activar la Carta Democrática de la OEA para expulsar a dicho país del organismo. El Centro de Estudios Legales y Sociales también criticó fuertemente la medida del gobierno de Nicolás Maduro.

El líder del Frente Renovador y diputado nacional Sergio Massa condenó lo ocurrido y pidió a través de twitter invocar la Carta Democrática frente "al golpe de Estado en Venezuela". "Debemos defender la democracia, pero sobre todo al pueblo venezolano", sostuvo.




La diputada nacional Elisa Carrió llamó también a tomar la misma medida en la OEA convocando la Carta Democrática para excluir al país sudamericano de la OEA. "Corresponde la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la exclusión de Venezuela de la OEA", escribió en su cuenta de Twitter.



Además, agregó que se trató de "un golpe de Estado". "En Venezuela hay un golpe de estado. Hay que dejar de tener actitudes tibias".



El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey apuntó a que la medida del TSJ de Venezuela busca callar la democracia. "En Venezuela y en toda Latinoamérica deben funcionar las instituciones. Hacerlas callar es callar a la democracia", sostuvo en twitter.




El presidente del bloque UCR en Diputados Mario Negri, tras la reunión este jueves con Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, criticó "el avallasamiento de las facultades del Parlamento que decidió el gobierno de Maduro".




Asimismo, Ricardo Alfonsín, referende radical y diputado nacional, mostró su preocupación y pidió "restablecer funcionamiento de las instituciones".




En el fallo difundido este jueves, el Tribunal resolvió que "mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga".

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo no gubernamental que tiene por fin divulgar información para velar por los derechos humanos y las garantías democráticas, consideró el fallo como un "golpe institucional" y un "grave
retroceso para las democracias de la región".


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