El Gobierno de Mauricio Macri instruyó a la Procuración para que reclame judicialmente al gobierno de Cristina de Kirchner ante el crecimiento de las construcciones en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro. El asentamiento está en terrenos que administra el gobierno nacional y Macri advirtió la semana pasada su preocupación por las edificaciones en altura que se están realizando y que no contarían con la estructura correcta para sostenerlas.
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El Gobierno porteño recibió a mitad año una denuncia de la Academia Nacional de Ingeniería sobre lo peligroso de esas construcciones de más de dos plantas que no contarían con cimientos y comenzó un relevamiento aéreo sobre el lugar para determinar la cantidad y ubicación de las viviendas precarias.
El Gobierno porteño recientemente clausurólas instalaciones de la cementera Avellaneda que está rodeada por el asentamiento ante lo que consideró la pasividad del gobierno nacional. La administración macrista considera que corren riesgo los habitantes de la villa por la posibilidad de que ocurra un derrumbe en las cerca de 500 construcciones que ha relevado como irregulares y precarias de más de dos plantas, ya que habría allí edificios de hasta seis plantas.
La Procuración General inició una acción ordinaria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que ordene al Estado Nacional que arbitre los medios para evitar que se sigan construyendo edificaciones peligrosas para las personas y que siga incrementándose la población del asentamiento en razón de los peligros que, argumenta, provocan el hacinamiento y las edificaciones no autorizadas.
Además, el macrismo pide a la Justicia que ordene al gobierno nacional que ponga a disposición de la Ciudad de Buenos Aires las fuerzas policiales, de bomberos y las que resultennecesarias para que el Gobierno porteñopueda ejercer control dentro de la villa. Macri teme que la falta de control en los asentamientos por la imposibilidad de entrar en los mismos sin la colaboración de la Policía Federal, «termine en una desgracia», que complique su gestión. Sin embargo ayer, fuentes del Gobierno porteño aclararon que su jefe no busca «erradicar» a los habitantes.
Antes de asumir su cargo, Macri había hablado de desalojar la villa, anuncio que provocó por un lado la queja de diferentes sectores, entre ellos de la Iglesia, pero también el crecimiento de la población en el lugar y de las construcciones allí, quizá con la idea de que un desalojo sería compensado con una vivienda nueva.
Macri ya recurrió a la Justicia para pedir que el gobierno nacional acelere un permiso que le permitirá colocar bonos de deuda este año.
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