Desde la publicación en el Boletín Oficial del decreto 936/11 que prohíbe la oferta de avisos sexuales en todos los medios de comunicación, más conocido como el "Rubro 59", se sucedieron opiniones a favor y en contra. Si bien se multiplican las posturas que felicitan la decisión que anunció ayer Cristina, existen opiniones encontradas por parte de las trabajadoras sexuales.
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La medida del Ejecutivo impactó positivamente en las organizaciones que luchan para erradicar la violencia hacia las mujeres, ya que sostienen que detrás de esos avisos hay redes de prostitución y trata. Viviana Caminos, coordinadora de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y a la Explotación Sexual Comercial, de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT) manifestó: "Estamos muy satisfechos con el decreto porque detrás de esos avisos hay redes de prostitución y trata".
Sin embargo, separó el problema de las mujeres que ejercen la prostitución , al señalar que "su ejercicio es legal y a ellas no hay que perseguirlas". En cuanto a al prohibición de avisos Caminos planteó que la medida "apunta a incidir en el cambio cultural que tiene que ver con tomar a la mujer como un objeto de consumo, porque si hay clientes es porque la cultura está reproduciendo esto".
Por su parte, desde la Fundación "María de los Angeles", que preside Susana Trimarco, la directora de proyectos Andrea Romero, dijo que "nos parece muy buena la medida porque es una política clara en la lucha contra la trata de personas".
Coincidió con "la presidenta (Cristina Fernández) cuando dijo que este decreto les saca la careta a los medios que por un lado hablan sobre el horrible flagelo de la trata y en las páginas clasificadas publican avisos de redes para la explotación sexual de las mujeres".
También legisladores saludaron la medida. La diputada nacional Cecilia Merchán celebró la medida pero aseguró: "Debemos destacar las limitaciones de la medida: el delito de trata de personas debe ser enfrentado desde políticas integrales".
Merchán advirtió sobre los aspectos pendientes para abordar el delito de trata. Según la diputada "es necesario reglamentar la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata. Por ejemplo, el Título II de esta ley establece derechos de las víctimas de trata. Y, para que los mismos no queden en meras declaraciones es preciso que se determine el mecanismo a llevar adelante, tarea a cargo de la reglamentación". Además recordó que existe un proyecto de ley de su autoría (3540-D-2011) relacionado con la publicidad oficial y la trata de personas.
Por su parte, la senadora bonaerense, Viviana Arcidiácono (PJ/FpV) destacó la decisión de la Presidente al considerar que la medida "apunta a apelar a la responsabilidad social de los empresarios". Explicó que la norma "apunta a combatir lo que hay detrás de los anuncios que une lee en los diarios, ya que no es una mera publicidad, sino que hay esclavitud y explotación sexual de por medio".
Antes de la publicación del decreto y del anuncio de Cristina, la ministra de la Corte Carmen Argibay había realizado declaraciones en donde advertía que "la sociedad tiene que saber que nuestro país es origen y tránsito para el secuestro de niños con el fin de ser explotarlos sexualmente".
En una conferencia en el Colegio de Escribanos Argibay había reclamado un "empujón más grande al respeto del derecho de las mujeres" y manifestó que "estamos tratando de que la justicia no llegue tarde al hecho, pero sobre todo de prevenirlo".
• En contra de la medida
"El delito a combatir no es el trabajo sexual, sino la trata y la esclavitud de las personas, adultos y niños", se titula un comunicado de la Asociación de Mujeres Meretrices AMMAR. La ONG que reúne a exprostitutas reclama al Gobierno que no se deje llevar por soluciones mágicas y denuncia que no fueron recibidas por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y legisladores en el Congreso.
"El prohibir la publicación de anuncios es una medida que solo logra criminalizar nuestra actividad", acusa la asociación en un comunicado y propone que "sólo a través de la regulación del trabajo sexual, que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país".
Desde la organización aclaran que "no somos tratadas y no nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales". Repudian terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas.
Sin embargo, afirman que "la prohibición de publicitar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que ésta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicitar nuestros servicios". Destacaron además la creación de la oficina de monitoreo que estará en la órbita del Ministerio de Justicia.
En tanto, el diputado nacional Gustavo Ferrari, manifestó que "para combatir la trata de personas es necesaria una ley integral que aborde todos los vacíos legales y no un anuncio de corte electoral", en relación a los dichos de Cristina en Casa Rosada.
"Es una medida que atiende parcialmente la problemática y que lamentablemente dilata el tratamiento de una ley por la que venimos bregando para que el oficialismo la incorpore en el temario para ser tratada en el recinto de Diputados" sostuvo el legislador.
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