¿Hay ejemplo más claro de la desorientación oficial en la guerra contra el crimen que el debate en el que se trenzan funcionarios y políticos sobre qué estadísticas son las mejores? Más cuando todas las muestras, oficiales y privadas, arrojan un crecimiento de los delitos y de la sensación que tiene el público de desprotección. Juan Carlos Blumberg prepara una nueva marcha contra la inseguridad y para reclamar que se reactive el tratamiento de leyes que protejan a los ciudadanos de un sistema legal y político que no asegura la vida ni los bienes de nadie. Será en la segunda semana de agosto, en día y lugar por determinar, y el solo anuncio hizo recrudecer la polémica entre ministros y legisladores sobre el metro y no sobre la realidad que hay que medir y remediar. El gobierno hará más esfuerzos para intentar "contener" a Blumberg y evitar la marcha; o, como mal menor, hacer que el eje de la tensión se oriente hacia la Justicia.
No tiene fecha precisa -sería en la segunda quincena de agosto- ni está claro donde desembarcará -en Tribunales o en Casa Rosada-, pero la quinta marcha que prepara Juan Carlos Blumberg, con el trasfondo de otro estallido de inseguridad, repercutió en el gobierno, que intenta «contener» al padre de Axel en medio de un océano de reproches y culpas cruzadas.
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Blumberg jamás se desconectó del gobierno. Esos contactos se potenciaron desde el rebrote delictivo y cuando trascendió que desde algunos sectores vinculados al supremo Raúl Zaffaroni impulsaban una reforma del Código Penal que el ingeniero repudia.
Diez días atrás, desde Belgrano, Blumberg lanzó la amenaza de realizar una marcha a la Plaza de Mayo y pidió la renuncia del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, ligado a Zaffaroni, pero bajo la órbita de Alberto Iribarne. En esa concentración --producto de una serie de hechos violentos coronada con el joven asesinado por el tirador de Belgrano-hubo quejas contra la propuesta de reforma y golpes a Slokar, aunque ni Iribarne ni mucho menos Kirchner-quedaron al margen de esos sacudones.
Se disparó entonces un debate en el seno del gobierno referido a las estadísticas del delito entre Aníbal Fernández, del Ministerio del Interior, e Iribarne, de Justicia -técnicamente obligado, por ley, a dar los datos-. Misteriosamente, las cifras se filtraron.
Luego se sumó a la mesa el Gobierno porteño, que, sin poder de policía, aprovechó el revuelo para pedir lo que -salvo un milagro-es difícil que ocurra: tener policía propia. No es un dato menor en medio de los recelos cruzados entre la Casa Rosada y Jorge Telerman.
Es, en realidad, un entramado confuso que, además de por celos e intentos de mudar la culpa de un ministerio a otro, se agrava por la recurrencia del elemento más sensible de todos los que están en la mesa: la percepción callejera de que el delito se incrementó de manera sostenida.
Mudanza
Sobre esa ola, Blumberg alertó sobre la posibilidad de una marcha y el gobierno, que trata de «contenerlo», quiere evitar que la eventual movilización se convierta en un polo anti-Kirchner. Por eso, trata de mudar el eje de tensión hacia la Justicia.
En la mixtura, se destacan varias cuestiones puntuales:
Blumberg tomó un dato que le acercó un colaborador respecto de que en los últimos meses, a partir de una reforma en la ley de excarcelaciones de la provincia de Buenos Aires, unos «8.000 presos fueron liberados». Esa es, según el ingeniero, una de las razones de lo que supone es un repunte delictivo. En el gobierno hacen otro número: dicen que se trata de 3.000 convictos que fueron liberados por flexibilización de una norma que se extremó a pedido de Carlos Ruckauf. Nada dicen de que la Corte Suprema fue la que intimó a Felipe Solá a flexibilizar las condiciones de detención de los presos y liberar a decenas de ellos con el argumento de la superpoblación carcelaria y el estado de hacinamiento, contrarios a los pactos internacionales sobre derechos humanos.
Volvió a escena el planteo policial. Tras la muerte de dos efectivos a principios de julio -los policías ultimados en el asalto al Banco Río de Retiro y en el supermercado chino de San Telmo-, creció el malestar en la fuerza a partir de la advertencia de que, por sueldos bajos, los policías hacían «muchas extras». Eso apuró el anuncio de Alberto Fernández de un aumento de sueldos de 19% para policías y Fuerzas Armadas, incremento que se había dado a estatales -medalla que se colgó Andrés Rodríguez, de UPCN, aliado del Fernández porteño- dos meses antes.
En el revuelo, trascendieron las cifras del delito, como extraoficiales de la Policía Federal, aunque entre los ministros se creyó ver las huellas de funcionarios pares en esa «filtración» como una manera -interpretaron en Interior- de cambiar el eje de la disputa. «Culpar sólo a la Policía es un error», repiten y sugieren mirar todo «el sistema», puntualmente la actuación de la Justicia en lo referido a liberación de presos peligrosos.
La reforma del Código Penal, que Iribarne prometió frenar en el Senado, tiene un enlace con Zaffaroni, ya que Slokar es un remanente de la gestión Béliz, que atravesó a Horacio Rosatti (que no lo quería demasiado) y continuó con el otro Alberto, el ministro de Justicia, para quien Slokar es un estorbo. También difiere en términos «ideológicos» Diego Gorgal, ministro de Telerman, aunque no se muestra tan lejano León Arslanian, que hasta ahora salió indemne de esta crisis.
A su vez, Aníbal Fernández hace malabarismos para convencer a Blumberg de que esas propuestas de reforma no reflejan el pensamiento del gobierno. Llegó, el ministro, al punto de asegurarle que él está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Todo sea por evitar -o al menos desviaruna eventual marcha por la inseguridad.
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