El ex secretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa dijo bajo juramento que las partidas no se pueden modificar por decisiones administrativas.
En una nueva audiencia en el juicio por el presunto direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz, el debate continuó en torno a los mecanismos de designación de partidas de dinero. En ese sentido, otros dos testigos, el ex secretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa, y el ex diputado del Frente Para la Victoria, Ariel Pasini, detallaron los pasos establecidos por la Constitución para definir la denominada ley de leyes.
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Sobre el aspecto particular de las obras públicas, el ex secretario de Hacienda explicó que en el debate en comisión del Congreso se explicaba el detalle de cada una de las obras proyectadas y que los organismos de control, como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación controlaban todo el proceso de formación del presupuesto y luego de su ejecución. Estos organismos –dijo– tenían, además, la potestad de verificar el cumplimiento de las obras y los pagos de los certificados de obra.
Pezoa hizo hincapié en el rol de la oposición política a la hora del debate de la ley de presupuesto y del control al que podían acceder a través de los distintos espacios institucionales. Sobre todo, vía la comisión revisora de cuentas del Congreso -conformada por Senadores y Diputados de todos los espacios partidarias- donde podían indagar y pedir informes al Ejecutivo antes de votar.
El plato fuerte de la declaración de Pezoa tuvo lugar cuando respondió las preguntas del fiscal del juicio y desmintió el direccionamiento denunciado, al dejar entrever que no hubo responsabilidad directa de Cristina Fernández de Kirchner en las supuestas maniobras. Ante las consultas de Diego Luciani, el exfuncionario aclaró que los aumentos de presupuesto no pueden definirse por simple vía administrativa, sino que solamente se pueden establecer por ley o por un DNU que luego tiene que ser votado y aprobado por el Congreso. “Cuando yo estuve en funciones se ampliaba de forma general, no para tal o cual cosa, siempre que hubiera más recaudación”, detalló Pezoa. Y aclaró que los Decretos de Necesidad y Urgencia son siempre “generales y no direccionados, salvo para el pago de salarios, pensiones y ayuda social”.
“Parece una clase de educación cívica de la secundaria”, se quejó en diálogo con Ámbito uno de los abogados defensores. Es porque gran parte de los testimonios y las preguntas del Tribunal y la fiscalía giran en torno a explicaciones de cómo es el proceso constitucional para el debate de una ley.
Hasta el momento, ninguno de los y las testigos de cargo pudieron acreditar directamente el pago de sobreprecios en favor de Báez, ni la responsabilidad de la actual Vicepresidenta en los presuntos desmanejos. Mientras que todos los testimonios propuestos por las defensas derribaron uno a uno los argumentos de la acusación.
Mientras se desarrollaba la audiencia en forma semipresencial y con el enlace de la mayoría de las partes vía Zoom, el empresario Lázaro Báez, imputado en la causa recibió la noticia de la reducción de la caución por parte de la Cámara de Casación, lo que lo dejó más cerca obtener la prisión domiciliaria. Todo indica que podrá seguir los próximos debates, dispuestos para el lunes y martes de la semana que viene desde la prisión domiciliaria, tras más de cuatro años de preventiva dentro del penal de Ezeiza.
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